SEVILLA, 29 de enero.

Inma Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, ha hecho pública una grave acusación este miércoles, señalando que el martes se interpuso una denuncia sobre la reciente adjudicación del contrato para la gestión de viviendas destinadas a la tutela de menores. Según Nieto, dicha adjudicación podría ser calificada como "corrupción de libro", dado que, a su juicio, "la Junta de Andalucía ha amañado los pliegos de licitación".

Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto argumentó que el diseño del pliego de prescripciones técnicas fue excesivamente inflado, lo que imposibilitó a otras empresas presentar ofertas competitivas. Criticó que la Junta exigió un número de trabajadores para el servicio de tutela que "supera en el doble la cantidad de personal que efectivamente estaba prestando servicios en Andalucía".

Esto llevó a Nieto a afirmar que, "casualmente", solo una empresa se presentó al concurso, la cual resultó ser Inserta, la compañía elegida tras el proceso de licitación.

Además, la representante de Izquierda Unida destacó que han llevado el caso a los tribunales, considerando que se trata de un "nuevo caso de corrupción" bajo el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Señaló que las adjudicaciones de estos pisos en varias provincias andaluzas han favorecido a Inserta mediante un proceso que, según ella, "es corrupción de libro".

La denuncia y críticas de Por Andalucía se centran en la afirmación de que Inserta opera con "la mitad del personal" indicado en los pliegos del concurso de adjudicación. Indicó que, "sea por negligencia o por connivencia", la administración autonómica está pagando como si se estuviese cumpliendo con lo estipulado, una afirmación que reconfirmó como "algo que no es cierto".

Nieto explicó que "la Junta conoce perfectamente" la situación, dado que la prestación del servicio se realiza con menos recursos humanos de los requeridos para ser adjudicatarios de la tutela de menores. Afirmó que "toda la documentación que avala estas gravísimas irregularidades y estos incumplimientos flagrantes está oficialmente registrada y en conocimiento de la Junta".

La portavoz de Por Andalucía también mencionó que estos hechos son ya de conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo, que se puso en contacto con la Junta, recibiendo como respuesta que "tras inspeccionar el servicio, todo estaba en orden". De esta respuesta, Nieto dedujo que “la Junta es consciente de la situación y decide mirar hacia otro lado”.

En su narrativa sobre el asunto, Nieto, quien insistió en que “esta adjudicación flagrantemente fraudulenta” implica una "pérdida de millones de euros de dinero público que no se están utilizando para prestar el servicio", añadió que “la persona que actúa como enlace con las empresas y el sector en la Junta, posterior a la adjudicación a Inserta, tuvo la suerte de que su esposa e hijo fuesen contratados por esta misma empresa”.

La portavoz de Por Andalucía no dudó en afirmar que existe "una presunta comisión de delitos muy graves y un nuevo caso de corrupción por parte del Partido Popular", que mantiene el control en la Junta de Andalucía. Criticó la postura de despreocupación, señalando que esto no es más que un reflejo de su mayoría absoluta, la cual, a su juicio, "nada tiene que ver con la realidad".

Nieto exigió a Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que "suspenda las comparecencias públicas" y se presente rápidamente para brindar "explicaciones claras" sobre por qué su consejería sostiene que no hay problemas en un servicio donde, según ella, ocurren irregularidades graves.

Por último, expresó su confianza en que "la policía judicial investigue a fondo" el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público a raíz de esta adjudicación, que se aleja de lo establecido en el pliego de condiciones. Además, señaló que "el líder del Observatorio de la Infancia" tiene parientes cercanos beneficiados con contratos de trabajo propios, lo que agrega más dudas sobre la transparencia del proceso.