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Jueves, 15 de octubre de 2026 Edición Andalucía · Red Crónica
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Por Andalucía propone garantizar la prevención del acoso en contratos de RTVA

Por Andalucía propone medidas para prevenir el acoso laboral y sexual en contratos de RTVA, reforzando protocolos y mecanismos de denuncia.

Redacción · Crónica Andalucía 2 min de lectura

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado una proposición no de ley (PNL) para promover medidas contra el acoso laboral y sexual en la RTVA. La iniciativa busca que todos los contratos y colaboraciones de la radio y televisión pública incluyan obligaciones específicas en prevención y actuación frente al acoso.

En un contexto donde la transparencia y la protección laboral son prioridades, la propuesta requiere que las empresas contratistas acrediten protocolos de prevención antes y durante la prestación de servicios. Además, plantea la creación de mecanismos confidenciales para denuncias, garantizando la protección de quienes denuncien sin temor a represalias.

Desde el ámbito político, esta iniciativa refleja la voluntad de reforzar las garantías en los medios públicos andaluces, alineándose con las normativas vigentes y protocolos internos. La propuesta también busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las condiciones laborales en las empresas colaboradoras.

La política en Andalucía ha puesto en cuestión la gestión y la transparencia en las instituciones públicas. La RTVA, como medio de referencia, se convierte en un referente para promover la igualdad y la prevención del acoso, en un momento en que la agenda de derechos laborales y de igualdad está en el centro del debate político.

De cara al futuro, la iniciativa podría marcar un precedente en la regulación de las relaciones contractuales en los medios públicos. La exigencia de informes anuales y la incorporación de cláusulas sociales en los contratos reflejan una tendencia hacia mayor responsabilidad social y ética en la gestión pública.

En el contexto político andaluz, este tipo de propuestas refuerzan la presión sobre el gobierno para implementar medidas concretas contra el acoso en todos los ámbitos de la administración pública y sus colaboradores, en línea con los compromisos de igualdad y protección de derechos.

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