SEVILLA, 2 de diciembre. La reciente sesión plenaria del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la nueva Ley de Vivienda de la región, un proyecto que fue presentado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de septiembre.

Esta legislación ha recibido el respaldo exclusivo del Grupo Popular, mientras que tanto Vox Andalucía como las agrupaciones de izquierda, entre ellas el PSOE, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han manifestado su oposición. Cabe señalar que el 8 de octubre, el Parlamento ya había excluido las enmiendas globales que habían propuesto estos mismos grupos.

La ley, que consta de 117 artículos divididos en ocho títulos, incluye además siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho finales, mostrando una estructura bastante completa.

Durante la discusión final, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, defendió el proyecto, afirmando que el texto había mejorado gracias al diálogo y al debate constructivo entre las distintas partes implicadas.

El Ejecutivo andaluz asegura que esta ley tiene el propósito de facilitar el acceso a suelo para la construcción de viviendas, argumentando que el ámbito de la vivienda no debería considerarse un campo de batalla ideológico, sino un derecho esencial para los ciudadanos.

Uno de los elementos destacados de esta normativa es la creación de una Comisión de Coordinación, la cual abordará los temas relacionados con los desahucios y la ocupación irregular de propiedades.

La nueva ley también identificará áreas prioritarias donde se concentran las dificultades en el acceso a la vivienda, lo que permitirá canalizar los recursos de la administración a través de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda, así como incentivos para promover la construcción y rehabilitación de inmuebles.

Con este enfoque, el Gobierno andaluz propugna una colaboración entre el sector público y privado, ya sea mediante concesiones o subvenciones, para ampliar la disponibilidad de viviendas a precios accesibles.

El objetivo es optimizar la gestión del parque residencial, para lo cual se establecerá un inventario único que compile las viviendas de la Junta de Andalucía, de los municipios y de los promotores privados.

Además, se prevé la creación de una Comisión Técnica para fomentar la calidad en la construcción de viviendas y para impulsar proyectos de rehabilitación de barrios y la eliminación de infraviviendas.

La ley también busca regular el uso responsable del parque residencial, para prevenir tanto la ocupación ilegal como la sobreocupación, además de ofrecer protección a los ciudadanos más vulnerables. Se habilitarán mecanismos de asesoramiento para enfrentar casos de desahucios y ocupaciones, ajustándose a las competencias de la normativa.

Este texto legal incorpora medidas urgentes de un decreto ya vigente, exceptuando aquellas de naturaleza temporal, como la posibilidad de incrementar la densidad y edificabilidad en ciertos terrenos bajo el compromiso de que se destinen a promociones de vivienda protegida.

En el marco del Decreto-ley 1/2025, el Gobierno andaluz también ha planteado un futuro prometedor para la construcción de viviendas asequibles, disponible gracias a parcelas de suelo que tienen los municipios con más de 100.000 habitantes. En esta línea, se han mencionado hasta 49 municipios dispuestos a cambiar el uso de suelo con el objetivo de construir casi 40.000 viviendas protegidas.

El Decreto establece un año de plazo, que concluirá en febrero de 2026, para que los municipios se puedan acoger a las modificaciones del uso del suelo y así destinar áreas urbanizadas a la edificación de viviendas. El Gobierno trabaja en un portal digital que recoja información sobre estas bolsas de suelo.

Por otra parte, la Junta apuesta por la simplificación administrativa con esta ley, derogando cuatro legislaciones anteriores que regulaban la vivienda protegida y otros aspectos relacionados.

El diputado popular Antonio Saldaña expresó su satisfacción tras el debate, afirmando que se está llevando a cabo una política constructiva que, a su juicio, mejora el futuro de los ciudadanos, aunque criticó la falta de voluntad política de la oposición para colaborar en este esfuerzo.

Desde el PSOE, la diputada Verónica Pérez subrayó el alarmante hecho de que el derecho a la vivienda se ha transformado en un gran desafío, señalando que los precios de los inmuebles en Andalucía han alcanzado niveles históricos y se han incrementado considerablemente en los últimos años.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López Olea, dejó claro que su agrupación no respalda la nueva ley, señalando que no refleja sus propuestas y advirtiendo que los resultados de la normativa podrían no resolver el problema de vivienda que enfrenta la región.

El diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, la calificó como el fin de una serie de errores, considerándola un mal día para la mayoría de los andaluces, a quienes acusó de ser perjudicados por políticas de vivienda ineficaces que han deteriorado el parque público.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, reiteró su rechazo a la ley, calificándola de irresponsable y afirmando que no ofrece soluciones innovadoras ante la crisis habitacional que afecta a la región y al país en su conjunto.