SEVILLA, 10 de diciembre. En un giro inesperado de los acontecimientos políticos andaluces, el Partido Popular Andaluz (PP-A) ha exigido este martes aclaraciones al líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, después de que se revelara que ha contratado al bufete de abogados en el que trabaja su propia hija para llevar a cabo una denuncia relacionada con los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Durante una rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, no escatimó en críticas hacia Espadas, subrayando que su tendencia a favorecer a su círculo familiar se ha vuelto motivo de preocupación pública. Martín declaró que “la historia del señor Espadas barriendo para casa ya es legendaria”; refiriéndose no solo a la reciente contratación de su hija, sino también a su esposa, quien fue colocada en una fundación pública. “Primero fue su esposa en la Faffe y ahora su hija es parte de esta estrategia judicial contra el Gobierno de Andalucía”, añadió contundente el portavoz popular.

El portavoz del PP-A también destacó que la denuncia interpuesta sobre los contratos del SAS está siendo financiada no por los fondos del PSOE-A, sino a través del Grupo Parlamentario Socialista, recurso que proviene del Parlamento de Andalucía. “Se trata de dinero público que el Grupo Socialista utiliza para sus propios fines”, enfatizó, lo cual plantea serias dudas sobre la ética de las decisiones tomadas por Espadas.

Toni Martín insistió en su interés por conocer la cantidad exacta de esos fondos públicos destinados a beneficiar al despacho donde su hija trabaja, así como si los otros miembros del Grupo Parlamentario Socialista estaban al tanto de que su denuncia sería defendida por un bufete con conflictos de interés claros. “La pregunta que surge es: ¿los demás diputados sabían que su defensa sería proporcionada por este despacho?”, cuestionó Martín, dejando entrever la desconfianza que recorre al grupo socialista en estos momentos de tensión interna.

Sin embargo, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, salió en defensa de su compañero ante las acusaciones formuladas por el PP. En otra rueda de prensa, Férriz argumentó que el grupo socialista ha optado por “los mejores penalistas” para la querella y reafirmó que se trata de un contrato privado, financiado con dinero del PSOE, y que está completamente desvinculado de los fondos públicos destinados al SAS. “No veo ningún conflicto de intereses en esta contratación”, aseguró enfáticamente.

Férriz hizo un esfuerzo por aclarar que el dinero invertido en este contrato proviene de las arcas socialistas y no afecta a los recursos públicos andaluces. A pesar de la insistencia de los periodistas, la portavoz socialista se negó a revelar los honorarios de los abogados contratados, aconsejando que se consultara directamente al despacho para conocer los detalles sobre los costos asociados a su servicio. “Es un asunto privado que el PSOE maneja, y no debería ser motivo de escándalo”, concluyó, dejando claro que la contratación seguirá adelante sin importar las críticas de la oposición.