"Presidencia de Cepyme advierte al Gobierno sobre el impacto inviable de las 37,5 horas en microempresas."

SEVILLA, 27 de mayo.
Ángela de Miguel, la nueva presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), ha manifestado este martes su preocupación ante el anuncio del Gobierno sobre la implementación de una jornada laboral de 37,5 horas semanales, calificándolo como algo "inasumible" para las microempresas del país. De Miguel ha apuntado a la dificultad del diálogo social en España y ha expresado su desasosiego por la crisis en el sector empresarial que representa.
Nombrada hace apenas una semana tras obtener el 52,7% de los votos en la Asamblea General Electoral, De Miguel ha compartido en una entrevista con Canal Sur TV que actualmente no se cuenta con un análisis exhaustivo de cuántas empresas se verían impactadas por esta nueva regulación. A pesar de ello, enfatizó que este es un momento difícil, marcado por tensiones geopolíticas y los aranceles impuestos por la Administración Trump, que anticipan una desaceleración en la economía global.
Según la presidenta de Cepyme, "la mayoría de los trabajadores en este país están conscientes de que no podemos asumir una jornada laboral de 37,5 horas por razones económicas", refiriéndose a la estructura de las pequeñas empresas, donde los empleados son testigos directos de la realidad laboral. De Miguel también advirtió que la reducción del tiempo de trabajo puede resultar en un menor horario de atención al público, lo que a su vez impactaría negativamente en sectores clave como el turismo en Andalucía.
De Miguel apuntó que mientras otros países europeos, como Alemania y Dinamarca, cuentan con jornadas laborales de 48 horas, en España se pretende avanzar hacia un modelo de 37,5 horas, lo que considera un grave error. Criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno central para la implementación de esta medida, a la que considera un modelo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea, y que España debería seguir en lugar de distorsionar.
En su análisis, De Miguel mencionó que el estado del diálogo social está "muy complicado" y cuestionó la necesidad de imponer restricciones en lugar de confiar en que las empresas y trabajadores puedan decidir lo que es mejor para sus respectivos sectores y realidades locales.
Al abordar sus objetivos al frente de Cepyme, dejó claro que su principal propósito es hacer que las pequeñas y microempresas sientan que tienen un respaldo sólido y que no están solas en sus luchas. Comentó que hay un firme compromiso por modificar las políticas públicas que están llevando a muchas microempresas a desaparecer, una tendencia preocupante que refleja que tanto el número como el tamaño de estas empresas están disminuyendo.
De Miguel destacó que en el último año las pymes han retrocedido un 0,5%, y que en seis años han reducido su contratación en un 38%. Esto implica que el sector se está encogiendo, lo cual es alarmante, dado que las pequeñas empresas representan alrededor del 70% del empleo creado en España.
La caída en el número de pymes responde, según ella, a tres factores clave: una carga burocrática monumental que obliga a las empresas a lidiar cotidianamente con miles de páginas de normativa, un aumento del 20% en los costes laborales en los últimos cuatro años y una presión fiscal que asciende al 37% en el contexto empresarial español.
A pesar de estas dificultades, De Miguel valoró de forma positiva las iniciativas y compromisos que están mostrando tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno andaluz para implementar políticas que favorezcan el crecimiento y la viabilidad de las empresas. En sus palabras, "el 70% del empleo en España" se genera en estas regiones, lo que demuestra que se están haciendo las cosas bien en Andalucía.
Finalmente, al ser cuestionada sobre cómo se realizó la votación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) durante su elección, recordó que el voto es secreto. Además, destacó su papel como primera mujer en liderar Cepyme, lo que simboliza el compromiso de la empresa española con la igualdad de género, afirmando que España se encuentra entre los primeros países a nivel mundial en integrar la igualdad en sus políticas empresariales.
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