SEVILLA, 1 de diciembre.

Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha expresado este lunes su grave preocupación por el contenido de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), señalando que algunos de sus artículos rozan la inconstitucionalidad. En su declaración, enfatizó la necesidad de contar con recursos financieros suficientes para implementar este marco legal, que impone requisitos como la acreditación del nivel B2 que, según indicó, requiere un programa amplio de becas.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria que debate la LUPA, Oliva, quien también es rector de la Universidad Pablo de Olavide, criticó las diferencias sustanciales entre el proyecto actual y el que había sido analizado un año atrás por los rectores, quienes habían dado su aprobación inicialmente. Los líderes de las universidades públicas andaluzas consideran que el nuevo texto supone una intromisión excesiva por parte del gobierno y ponen en cuestión su validez, alegando que vulnera la autonomía universitaria garantizada por la Constitución y ciertos preceptos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, han aclarado que no tienen posibilidades de presentar un recurso legal, pero sienten la necesidad de expresar su desacuerdo.

Oliva también resaltó la “preocupación” manifestada por los rectores respecto a las consideraciones que se han de tomar en cuenta en la comisión, haciendo hincapié en lo que perciben como una “[...] limitación clara” en la autonomía de las universidades, especialmente en aspectos relacionados con la contratación, donde se establece una revisión semestral del personal temporal, que consideran como una intervención injustificada.

Respecto a las “nuevas figuras” propuestas por la LUPA, Oliva argumentó que tales modalidades ya están contempladas por la LOSU, sugiriendo que la figura del profesor singular invitado debería eliminarse, dado que no aporta nada novedoso. En relación a los profesores eméritos, recordó que la LOSU permite a cada institución establecer sus propios requisitos. En su opinión, las disposiciones de la LUPA evidencian “errores técnicos” en términos de competencias.

El presidente de AUPA también cuestionó la obligatoriedad de que la oferta de plazas de profesorado sea validada por la Junta de Andalucía, insistiendo en que la LOSU otorga esta autoridad exclusivamente a las universidades. Calificó como alarmante la inclusión de aspectos que socavan la autonomía universitaria, destacando la necesidad de que las becas de internacionalización sean exclusivamente para estudiantes de universidades públicas y expresando su desacuerdo por el número desproporcionado de representantes del Consejo Social nombrados por la Junta, que podrían afectar la independencia de dicho órgano.

En cuanto a la exigencia de contar con un interventor externo para cada universidad, Oliva se mostró confuso ante este “misterioso” cambio, especialmente considerando que la Cámara de Cuentas realiza una fiscalización anual de las universidades. Subrayó que no hay institución más controlada y cuestionó la lógica detrás de esta nueva obligación, advirtiendo que podría generar una burocratización que afecte negativamente a la gestión.

Ante estas preocupaciones, el parlamentario del PP, José Carlos García, defendió la legalidad de la LUPA, resaltando su respaldo por parte de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo, y apoyó la figura del interventor mencionado, en alusión a los problemas recientes en la Universidad de Málaga, argumentando que más supervisión podría resultar beneficioso.

Por otro lado, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía respalda la LUPA, sosteniendo que esta ley representa un avance en el sistema universitario, orientada hacia los próximos quince años. Aseguran que la LUPA impulsará la autonomía de las universidades, mejorará su calidad y proyectará un enfoque internacional, al mismo tiempo que se enfocará en atraer y retener talento y fortalecer los derechos de los estudiantes.

La Consejería subraya que la LUPA establece un modelo de financiación para el período 2023-2027, acordado con las universidades públicas, que busca un crecimiento sostenido y un compromiso para alcanzar el 1% del PIB andaluz destinado a la educación superior pública. La ley responde a una exigencia histórica de las universidades andaluzas, permitiéndoles planificar sus inversiones de manera más eficiente, según concluye la Consejería.