CÓRDOBA, 19 Nov.

La asociación Feragua, que representa a la mayoría de los regantes del Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir, ha dado a conocer este martes que los regantes de las provincias de Córdoba y Sevilla, quienes dependen del agua proveniente de los embalses de La Breña II y Arenoso, ambos situados en la provincia cordobesa, llevarán a cabo un "plante fiscal masivo" contra el canon propuesto para ambos embalses para el año 2025.

Durante una rueda de prensa celebrada en Córdoba, el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, argumentó que esta propuesta de canon es tan absurda que parece sacada de un bulo, que hoy se denomina "fake", aunque en realidad es muy real y representa una verdadera afrenta a los agricultores del Sistema de Regulación General del Guadalquivir, que no están dispuestos a tolerar.

El monto que el Estado desea cobrar a los regantes por el uso de estos embalses asciende a 17 millones de euros, una cifra que Cepeda considera exorbitante y carente de relación con el volumen de agua suministrado, que en los últimos cinco años ha sido de aproximadamente 70 hectómetros cúbicos. Según su análisis, el coste por metro cúbico proyectado en el canon para 2025 ascendería a 0,25 euros, un precio que ha calificado como un "sablazo", indicando que es "diez veces superior" al correspondiente al canon del Sistema de Regulación General.

El presidente de Feragua no dudó en calificar de "broma de mal gusto" el hecho de que el importe del canon se haya triplicado en la última década, preguntándose cómo es posible que el canon establecido en 2015 para La Breña II y Arenoso fuera de 18,86 euros por hectárea, y ahora se pretenda establecer uno de 51,50 euros por hectárea, después de un nuevo incremento del 45%. Para Cepeda, esto no tiene ninguna justificación posible.

Feragua ha presentado ya sus alegaciones al canon propuesto y se encuentra a la espera de una respuesta. En sus argumentaciones, han rechazado la subida no justificada en la última década, especialmente en el último año, solicitando específicamente que no se incluya el IVA ni los costes de la estación de bombeo de La Breña II en el canon.

De los 51,50 euros por hectárea que se pretende hacer pagar a los regantes, Cepeda ha señalado que nueve euros corresponden a IVA, el cual se repercute de manera ilegal, y seis euros son por una estación de bombeo que no les genera ningún beneficio, algo que los regantes no están dispuestos a aceptar.

En cuanto al IVA, el presidente de Feragua atribuyó la repercusión de este impuesto a la intermediación de una empresa estatal, Acuaes, cuya intervención considera contraproducente y no solicitada por los regantes. Recordó que fue el Estado, de forma unilateral y en contra de cualquier lógica de eficiencia, quien decidió que la gestión de estos embalses no fuera realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), como sucede con otras presas, sino por Acuaes, que les cobra por sus servicios de una manera significativamente más cara.

Además, Cepeda lamenta que Acuaes no gestione directamente estos embalses, sino que ha subcontratado su operación a una empresa privada con fines de lucro. Curiosamente, el convenio de gestión permite que dicha gestión recurra a la propia CHG, lo que podría reducir los costes.

Por otro lado, los gastos de funcionamiento y conservación de La Breña II y Arenoso, gestionados por Acuaes, ascienden a una media de 815.000 euros, en comparación con los 320.000 euros de la Regulación General bajo la gestión de la CHG, lo que representa un incremento del 154%. Esta diferencia se debe en gran parte a la aplicación de un IVA del 21%, que Feragua considera ilegal y ha impugnado ante el Tribunal Supremo, citando que la ley establece claramente que los servicios proporcionados entre entidades del sector público no están sometidos a IVA.

Respecto a los costos relacionados con la estación de bombeo, Cepeda define la situación como un “engaño alevoso”, dado que están pagando por una infraestructura que apenas contribuye con menos del 10% del agua esperada, detallando que desde el 1 de octubre de 2021, la estación ha bombeado solo 37 hectómetros cúbicos de los 383 que era capaz de proporcionar.

Finalmente, el presidente de Feragua criticó el plazo de amortización de 25 años establecido para estos embalses, una duración poco habitual en obras de regulación, señalando que son los únicos embalses en el país cuyos cánones se amortizan en ese período. Esta es una “excepcionalidad negativa” que resalta el abuso de los cánones propuestos.

Dada la falta de respuesta del Ministerio de Medio Ambiente después de meses de espera, Feragua ha decidido aprobar un plante fiscal general contra los cánones de La Breña II y Arenoso. A menos que se realice una rectificación del importe demandado, más de 50.000 regantes y 350.000 hectáreas afectadas se negarán a pagar cuando llegue la liquidación de estos cánones en octubre del próximo año.

Por otra parte, el presidente de Feragua también destacó que muchas poblaciones rurales andaluzas no están preparadas para afrontar una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), responsabilizando a las administraciones por no haber ejecutado nueve embalses aprobados en la planificación hidrológica.

De esos nueve embalses, solo uno ha comenzado su construcción, pero se encuentra paralizado indefinidamente, mientras que las otras ocho ni siquiera han sido licitadas y muchas están todavía en fases preliminares de redacción de proyectos. Cepeda considera una “vergüenza” la inacción de las administraciones en la construcción de estas infraestructuras, criticando la influencia de un “terror verde” que ha afectado a las políticas hidráulicas en los últimos 15 años.

Asimismo, recordó que dos presas, Velillos en Granada y Cerro Blanco en Málaga, aprobadas en la planificación, fueron finalmente descartadas por motivos medioambientales poco claros.

Adicionalmente, los regantes no pueden olvidar que los municipios de Écija (Sevilla) y Palma del Río (Córdoba) están esperando desde 2009 la construcción de la presa de San Calixto, considerada estratégica por el Plan de Prevención de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ante esta situación, el presidente de Feragua ha demandado un retorno de los “intereses de las personas” al centro de las políticas de agua y ha pedido un “giro radical” en dichas políticas, así como una mayor agilidad administrativa en la tramitación de los embalses ya aprobados.