SEVILLA, 4 de abril. La jornada de mañana, 5 de abril, será crucial para poner de manifiesto el descontento en el ámbito de la sanidad pública andaluza. Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora de la Marea Blanca, han convocado a los ciudadanos a participar en una manifestación que partirá a las 11:00 horas desde la calle José Laguillo, con destino al Palacio de San Telmo. Esta protesta cuenta con el respaldo de diversas organizaciones políticas y sociales que comparten su preocupación por la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno.

En un manifiesto conjunto, un amplio grupo de representantes sindicales han enumerado hasta diez reivindicaciones concretas que incluyen un aumento en las inversiones en salud, la reducción de tiempos de espera en Atención Primaria, y la mejora de la carrera profesional del personal sanitario. Denuncian que el actual gobierno se ha enfocado en debilitar la sanidad pública, redirigiendo recursos a favor de empresas farmacéuticas y de la sanidad privada. Este enfoque, argumentan, crea un ciclo perjudicial que oculta un proceso de privatización que deteriora la atención pública.

Los sindicatos han expresado su preocupación por la situación de los profesionales de la salud, quienes actualmente se enfrentan a lo que ellos describen como el mayor menosprecio por parte de la administración. Resaltan que estos trabajadores son los que, a pesar de ser los peores remunerados en el país, cargan con una gran cantidad de trabajo, mientras que el Gobierno andaluz recorta notablemente sus recursos.

Asimismo, critican a la Consejería de Salud, respaldada por Juanma Moreno, por lo que consideran una "deslealtad institucional sin precedentes". A pesar de haber firmado acuerdos para mejorar la Atención Primaria y las condiciones laborales, la Consejería ha incumplido sus compromisos, lo que erosiona aún más la confianza en el sistema de salud pública.

Los convocantes de la manifestación han asegurado que el Gobierno andaluz está empeñado en agravar la situación actual, provocando un estancamiento y una disminución de recursos en la sanidad pública. Aseguran que el abandono de medidas preventivas es evidente, y que actualmente recae sobre los ciudadanos la responsabilidad de gestionar sus propios controles de salud, dejándolos a la espera de atención significativa hasta dentro de años.

Alertan sobre la inminente aparición de un aumento en los casos de enfermedades graves, que será mal atribuido al envejecimiento poblacional y no a la falta de inversión. Los sindicatos han cuestionado la gestión del actual gobierno, subrayando que presenta el menor gasto público sanitario por habitante en comparación con otras comunidades autónomas de España.

Añaden que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) está malgastando el dinero, dirigiéndolo a favorecer intereses de empresas farmacéuticas y sanitarias privadas. El gasto en farmacias ha aumentado, alcanzando 1400 millones de euros más que en 2018, mientras que cerca de 1000 millones se han destinado a la privada con el objetivo de hacer frente a la lista de espera, todo lo cual debilita indiscriminadamente el sistema sanitario público.