En Sevilla, el 26 de marzo, la representación sindical que aboga por los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia en Andalucía ha tomado una decisión significativa. Los sindicatos CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO anunciaron su retiro de la mesa de negociaciones que abordaba la creación de nuevos tribunales de instancia en la región. Según estos grupos, la Junta está intentando implementar este cambio sin ofrecer un aumento salarial, lo cual es inaceptable para ellos.

En un comunicado emitido por estas organizaciones, se criticó duramente a la Consejería de Justicia, afirmando que se ha comportado con arrogancia al dar por cerradas las negociaciones sobre más de 70 relaciones de puestos de trabajo para los nuevos tribunales. Esto se produce sin que se haya presentado ninguna propuesta de incremento retributivo, a pesar de que los sindicatos han estado demandando mejoras en este aspecto durante meses, incluso años. Al considerar que no existen condiciones adecuadas para continuar, decidieron cancelar las negociaciones bajo el mando del consejero José Antonio Nieto.

Los sindicatos expresan su descontento con el trato dado por el consejero, acusándole de menospreciar y actuar de manera desleal hacia los funcionarios andaluces. Este colectivo, según afirman, es uno de los más productivos a nivel nacional y enfrenta una carga de trabajo comparable a la de sus colegas de la comunidad de Canarias.

En su comunicado, los representantes sindicales también señalaron que Andalucía ha quedado rezagada en cuanto a estas negociaciones retributivas, siendo la única comunidad autónoma que aún no ha incorporado a sus trabajadores en el nuevo modelo para los tribunales de instancia. Consideran insostenible que la Administración pretenda validar las actuales retribuciones sin considerar un aumento, mientras que en otras áreas han realizado ajustes. Además, enfatizan la necesidad de una evaluación justa de los puestos de trabajo, advirtiendo que los cambios propuestos afectarían significativamente las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia.