En la reciente investigación del 'caso Koldo', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en la adjudicación de importantes contratos de obra pública a varias constructoras, entre las que se encuentran Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos contratos han suscitado el interés de las autoridades, principalmente por los proyectos realizados en Andalucía, incluyendo la controvertida obra de sustitución de los tirantes del puente del Centenario en Sevilla.

De acuerdo con un extenso informe de 490 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Leopoldo Puente tomó la decisión de llevar a cabo registros en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como en diversas empresas vinculadas al caso. Este movimiento judicial fue motivado por los hallazgos de grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre los años 2019 y 2023, que recientemente fueron descubiertas en sus dispositivos electrónicos.

Las conversaciones revisadas revelan intercambios entre Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, quien hasta hace poco se desempeñaba como secretario de Organización del PSOE. En estas grabaciones se sugiere que los involucrados buscaban cobrar presuntas compensaciones económicas relacionadas con la adjudicación de obras, particularmente con Acciona SA y su filial, Acciona Construcción SA.

Uno de los proyectos que ha llamado la atención de la UCO es la obra de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario, una estructura vital que soporta la autovía SE-30 y que fue contratada en 2021 por un importe inicial de 86,4 millones de euros. Sin embargo, los costes han aumentado considerablemente, alcanzando actualmente los 128,74 millones de euros, lo que refleja la magnitud de uno de los principales trabajos del Ministerio de Transportes en Sevilla, que sigue acumulando retrasos significativos.

Entre los fragmentos relevantes del informe se destaca una conversación de noviembre de 2018, que indica que el Ministerio de Transportes se encontraba en las fases iniciales de preparación para la licitación de la obra. Se revela que Cerdán ya tenía conocimiento sobre los detalles de la licitación y, en abril de 2019, instó a Koldo a proceder con el cierre de la misma. Subsecuentemente, Koldo y Ábalos comentaron sobre la presión que Cerdán estaba ejerciendo en relación a este asunto.

Asimismo, el informe destaca cómo Koldo aseguraba que Pedro Saura había bloqueado la publicación de la licitación y solicitaba a Ábalos que intercediera ante el subsecretario para resolver la situación. Javier Herrero, quien ocupaba el cargo de director de Carreteras, también estaba presionando para que se desbloquearan los trámites necesarios para la ejecución de la obra en Sevilla, según las transcripciones de las conversaciones.

El anuncio oficial de la licitación finalmente se llevó a cabo en septiembre de 2020. En enero de 2021, Herrero informó a Koldo que Acciona había presentado la oferta más baja, logrando una puntuación técnica perfecta de 100 puntos. La adjudicación se formalizó el 17 de mayo por un total de 71 millones de euros, pero se amplió a 102,8 millones en 2023, y el presupuesto global ha sido fijado en 128,7 millones, información que ha sido proporcionada por el propio Gobierno.

Por otro lado, el informe también menciona un proyecto relacionado con la autovía A-32 (Linares-Albacete) y la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en el tramo de Úbeda-Torreperogil. En este contexto, los agentes descubrieron una nota en uno de los dispositivos de Koldo, fechada el 29 de marzo de 2019, que mencionaba: 'Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR'.