SEVILLA 6 de Noviembre. En un desarrollo notable para el sector público andaluz, los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han logrado un preacuerdo con la Junta de Andalucía que se espera sea ratificado en la próxima sesión de la Mesa General de Negociación Común. Este acuerdo se centra en la mejora de las condiciones laborales y salariales para más de 65,000 trabajadores, que abarcan desde funcionarios hasta personal de justicia y el sector público instrumental, en cumplimiento de la Ley de Función Pública de Andalucía.

Este avance es, en gran medida, resultado de la intensa presión ejercida por las organizaciones sindicales en las últimas semanas. Ante el anuncio de movilizaciones debido a la parálisis en las negociaciones y la falta de un informe económico favorable sobre las cuantías discutidas, los sindicatos emitieron un comunicado conjunto destacando la importancia de su labor para lograr este acuerdo.

José Antonio Nieto, Consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha elogiado la negociación por su carácter "discreto y leal", así como el compromiso demostrado por todas las partes involucradas. Nieto calificó el acuerdo como "histórico", señalando que representa un cambio significativo en la calidad del servicio público.

Los sindicatos han enfatizado que este preacuerdo es un paso crucial hacia la recuperación del diálogo y una negociación continua que garantice los compromisos en materias retributivas y de mejora de condiciones laborales. Han afirmado que la posición mantenida durante las discusiones fue tanto responsable como firme, exigiendo a la Administración adherirse a los acuerdos previos sin desviaciones.

El preacuerdo marca una etapa de transformación para la Administración autonómica, favoreciendo la simplificación de los procedimientos y la digitalización de servicios. Uno de los pilares fundamentales de este acuerdo es la mejora del empleo público, visto como esencial para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Además, propone un modelo enfocado en el mérito, la evaluación del desempeño y la formación continua, junto con una mejora de las condiciones laborales y salariales para el personal afectado.

Otro aspecto destacado es el impulso de la promoción profesional, que se logrará mediante una planificación estratégica de los puestos de trabajo y una gestión eficiente de las vacantes. Esta medida busca anticiparse a las necesidades reales y futuras de la Administración, optimizando así los recursos humanos y corrigiendo desequilibrios tanto funcionales como territoriales existentes.

Asimismo, la adecuación de los recursos humanos a los distintos centros de trabajo supondrá garantizar la estabilidad de las plantillas actuales y evitar la externalización de funciones propias. Este enfoque se aplicará, además, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, exceptuando al Servicio Andaluz de Salud, que contará con su propio servicio y recursos destinados.

Además, se acordó promover el desarrollo normativo que regule adecuadamente la cobertura de los puestos de responsabilidad dentro de la Administración General, asignando criterios claros y objetivos en los procesos de selección y evaluación, promoviendo un sistema más transparente y justo.

La reconfiguración organizativa propuesta busca estructuras más eficientes y ágiles, implementando modelos multidisciplinares a través de la gestión por proyectos. Se eliminarán duplicidades y se consolidarán servicios comunes. También se estableció la meta de finalizar la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral antes del 31 de diciembre de 2025, así como la promoción de la formación continua como un eje clave para modernizar la Administración.

Finalmente, el preacuerdo incluye el compromiso de reintroducir en 2026 el derecho a las ayudas de acción social para los empleados públicos de Andalucía, que habían sido suspendidas en 2012. Estas ayudas son vitales para facilitar la conciliación laboral y familiar, así como el soporte en el cuidado de hijos y familiares a cargo, mejorando así el bienestar del personal administrativo.