SEVILLA, 11 de junio. En una reciente reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrada el 11 de junio, se ha tomado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra del Decreto-ley 2/2025, publicado el 18 de marzo, que establece un sistema de distribución de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Las autoridades andaluzas afirman que el Gobierno central ha sobrepasado sus competencias con esta medida.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, hizo pública esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo regional, donde destacó las preocupaciones en torno a dicha normativa, que fue concebida como una respuesta urgente ante situaciones extraordinarias relacionadas con la migración de menores.

España criticó duramente la forma en que se implementó este reparto, señalando la falta de diálogo y negociación con las comunidades autónomas, las cuales son las que realmente gestionan la atención de estos menores y, por tanto, deben ser parte activa en el proceso de toma de decisiones que les afecta.

La consejera subrayó que “Andalucía es conocida por su solidaridad y su disposición a acoger a quienes lo necesitan”, pero manifestó que no se puede asumir la responsabilidad de cuidar a menores de una manera arbitraria, especialmente sin contar con los recursos financieros suficientes para garantizar una atención adecuada y digna.

En sus declaraciones, la portavoz también resaltó la escasez de recursos económicos y lo que considera una indebida invasión de competencias por parte del Gobierno central. En respuesta a esta situación, la Junta de Andalucía ha decidido recurrir el decreto al Tribunal Constitucional, fundamentando su acción en el artículo 86.1 de la Constitución y el artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.