SEVILLA, 31 de marzo.

La Junta de Andalucía ha hecho un llamado al Gobierno de Pedro Sánchez, notificándole que durante el año 2024 se han encargado de la atención de 2.615 menores migrantes no acompañados. En respuesta a otra pregunta del Ejecutivo central sobre la cantidad de plazas disponibles en la comunidad, el Gobierno andaluz ha informado que cuenta con un total de 6.092 espacios en su sistema de protección de menores, que se dividen en 2.968 para acogimiento residencial y 3.124 para acogimiento familiar, indistintamente de si se trata de menores nacionales o extranjeros.

Hoy se cumple el plazo para que las comunidades autónomas presenten al Gobierno la cifra de menores migrantes que están atendiendo, información que resultará crucial para definir la distribución de estos niños y jóvenes, como parte del decreto ley que ha surgido de un acuerdo entre el partido Junts y el Gobierno para modificar el artículo 35.

Andalucía se encuentra cerca de alcanzar la capacidad máxima de su sistema de protección, con una tasa de ocupación del 96,32% en sus 6.092 plazas. Desde el departamento de Loles López se enfatiza la necesidad de estar preparados para la llegada de más menores extranjeros no acompañados, asegurando al mismo tiempo la protección de todos los niños que se encuentran en situación de desamparo.

La pasada semana, la consejera Loles López criticó duramente al Gobierno de Sánchez, acusándolo de desinformar sobre la situación migratoria al no mencionar más de 8.142 plazas disponibles para la acogida de migrantes en Andalucía. López explicó que la mayoría de los migrantes que llegan a España solicitan protección internacional, lo que les permite quedarse en los centros donde están alojados hasta que se resuelva su situación.

De acuerdo con las cifras que el Gobierno ha proporcionado, en enero de 2025 existían 4.927 plazas de emergencia en Andalucía para atender a migrantes procedentes de Canarias, entre los cuales se incluyen solicitantes de asilo, mostrando una ocupación del 91,3%. Sin embargo, tras solicitar datos sobre el número real de personas que han sido trasladadas de Canarias a Andalucía como solicitantes de asilo, se reveló que hay 13.069 plazas en total en la comunidad, con una ocupación del 86,54%, según señaló López.

La consejera insistió en que no solo hay un problema de falta de transparencia respecto a las plazas, sino que el Gobierno también se ha negado a compartir información sobre la situación en otras comunidades autónomas, como Cataluña, lo que limita la comprensión total de la problemática migratoria en el país.

López expresó su rechazo hacia lo que considera un "mercadeo" con los menores migrantes no acompañados, denunciando que bajo la administración de Sánchez algunos niños parecen ser considerados de primera o segunda clase. Se refirió a un caso en particular en el que se trasladaron 614 menores a Andalucía de manera irregular, aparentando ser adultos, algo que el Gobierno se niega a reconocer.

Además, criticó lo que percibe como una "doble vara de medir" por parte del Partido Socialista, señalando que los menores no deben ser tratados como objetos. Recalcó que el Gobierno ha aprobado un decreto que facilita el traslado de menores sin tomar en cuenta su edad, lo que considera una afrenta a su dignidad.

La consejera se mostró a favor de una migración que sea "regulada y ordenada", aunque subrayó que actualmente España no cuenta con una política migratoria eficaz. Reconoció su preocupación ante la falta de información, coordinación y recursos económicos a la luz de una crisis migratoria que el propio Gobierno ha catalogado como estructural.

Por último, informó sobre la reciente conferencia sobre migraciones, donde la ministra Elma Saiz hizo declaraciones inexactas afirmando que Andalucía no estuvo presente, cuando en realidad estuvo representada por el director general de Políticas Migratorias. López también expresó su preocupación por los compromisos del Gobierno con líderes independentistas catalanes, señalando que se les han transferido competencias migratorias a un territorio que antes se había considerado inconstitucionalmente autónomo.

En relación a esta cesión de competencias, López criticó que el Gobierno reconoce a Cataluña como un territorio fronterizo y le otorga nuevos poderes, lo que considera una muestra de que la política en España está supeditada a intereses inadecuados, con el único objetivo de mantener a Sánchez en el poder.