La ciudad de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha sido el escenario de la detención de cuatro individuos por parte de la Policía Nacional, quienes además han imputado a una empresa constructora de Málaga por supuestos delitos relacionados con el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, así como otros delitos contra la ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.

En una operación que ha incluido tres registros domiciliarios y el registro de una embarcación, se logró incautar tres vehículos de lujo y una embarcación recreativa. Los detenidos incluyen a un reconocido narcotraficante local y tres miembros de su entorno familiar, acumulando el principal investigado un patrimonio cercano al millón de euros.

El inicio de la investigación se remonta a finales de 2022, cuando en mayo de 2023 se descubrió la construcción de una casa con piscina en suelo rústico en una zona de alta demanda de viviendas de lujo, presuntamente relacionada con el principal investigado.

Tras este descubrimiento, los agentes descubrieron que el investigado no contaba con ingresos legales, lo que le permitió acceder a una vivienda de protección social sin tener que pagar alquiler. Sin embargo, se demostró que esta situación económica era ficticia, revelando un patrimonio valuado en cerca de un millón de euros, incluyendo propiedades, vehículos y embarcaciones mayormente en manos de terceras personas de su círculo íntimo.

La Policía reveló que el investigado empleaba tácticas de ocultamiento y distracción para ingresar al sistema económico ganancias obtenidas del narcotráfico, transformándolas en bienes y disfrutando de un estilo de vida lujoso.

Además del blanqueo de capitales, se le acusa de cometer dos delitos contra la ordenación del territorio por la construcción de dos casas en terrenos rústicos, una de las cuales fue realizada ilegalmente en un área rural y con una conexión ilegal al suministro eléctrico, resultando en cargos por defraudación de fluido eléctrico.

Los familiares del investigado detenidos como testaferros fueron puestos en libertad tras declarar, mientras que el principal investigado fue presentado ante un juez, quien ordenó su liberación condicional sujeta a medidas cautelares.

Por último, la Policía ha solicitado al tribunal el decomiso y embargo preventivo de vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias y propiedades valoradas en aproximadamente 2,5 millones de euros. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones en el futuro.