Caso ERE: el juez imputa a 18 exaltos cargos por el desvío de fondos a Santana Motor

El juez José Ignacio Vilaplana ha citado como investigados a 18 exaltos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y de la Junta de Andalucía. La causa se centra en el envío de fondos públicos a Santana Motor, la fábrica de Linares, después de que la empresa hubiera sido liquidada el 29 de abril de 2011.

Entre los citados figuran el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas, y el exdirector general de la agencia Antonio Valverde Ramos. Todos deberán comparecer hacia finales de 2026, según el auto consultado.

El núcleo de la investigación es el mecanismo financiero utilizado. Según el instructor, la Agencia IDEA realizó sucesivas ampliaciones de capital de su filial Incuba, que permitieron desviar más de 44 millones de euros hacia la factoría. Ese dinero se destinó al pago de anticipos de supuestas ayudas a unos 750 extrabajadores, sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

Los delitos investigados son prevaricación, malversación y falsedad documental. Se refieren al diseño y ejecución del denominado Plan Linares Futuro, que, de acuerdo con el juez, eludió los controles administrativos y la fiscalización de la Intervención General de la Junta.

La Intervención ha detectado además más de 900.000 euros en anticipos no recuperados, pagos a personas que no eran beneficiarias y operaciones de dudosa legalidad, como un préstamo presumiblemente ficticio de 1,5 millones de euros a una asociación vinculada a la mercantil Matresur. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de un entramado societario opaco.

El magistrado ha ampliado la instrucción hasta diciembre de 2026 y ha ordenado diligencias clave. Entre ellas figura la declaración de una decena de testigos, entre los que hay interventores, directivos de Santana y representantes sindicales de UGT y CCOO. También ha requerido a la Junta y a IDEA toda la documentación sobre partidas presupuestarias y contratos con el despacho Garrigues.

El caso ERE ha marcado durante años el debate político andaluz sobre el control de los fondos públicos. Esta nueva línea de investigación, que apunta a la gestión de la agencia IDEA, amplía el foco más allá de las ayudas sociolaborales ya juzgadas. Su resolución será relevante para medir hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y administrativas.