Qué hay detrás de la guerra política por la alcaldía de Algeciras y la comisión de investigación

El PSOE de Andalucía sostiene que Jacinto Muñoz, candidato del PP a la alcaldía de Algeciras (Cádiz), está «inhabilitado» para asumir el cargo. La acusación llega en vísperas del pleno municipal del miércoles 28 de octubre, convocado inicialmente para debatir una moción de censura contra José Ignacio Landaluce y que ahora servirá para elegir al nuevo alcalde.

El portavoz socialista Mario Jiménez, en declaraciones a medios desde Paterna del Campo (Huelva), vincula la designación con el caso que afecta a Landaluce. Según relató, el Tribunal Supremo remitió a los juzgados de Algeciras una denuncia por presuntos casos de violencia contra las mujeres una vez que el exalcalde dejó de ser aforado como senador. El PSOE ha registrado además la petición de una comisión de investigación municipal.

El núcleo de la crítica socialista es doble. Por un lado, cuestiona la idoneidad de Muñoz, a quien describe como testigo en la causa y no descarta que pase a la condición de imputado. Por otro, señala que el PP lo ha incluido como primer candidato al Senado por Cádiz en las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que, a juicio del PSOE, serviría para dotarle de aforamiento.

Más allá de la responsabilidad penal, el PSOE reclama depurar responsabilidades políticas. Jiménez acusa al equipo de gobierno local de haber encubierto las denuncias, de no haber protegido a las denunciantes e incluso de haber utilizado fondos públicos para tapar la situación. Estas afirmaciones se encuentran, por ahora, en el terreno de la denuncia política y deberán ser verificadas por las instancias competentes.

El mensaje se dirige también al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a quien el PSOE pide que permita la creación de la comisión de investigación y que sus miembros puedan comparecer. El PP, por su parte, ha optado por retirar el apoyo a Landaluce ante la gravedad de las denuncias, aunque el PSOE considera insuficiente esa medida.

El caso sitúa a Algeciras en el centro del debate sobre la protección de las víctimas de violencia machista en las instituciones locales y sobre el uso de los mecanismos de aforamiento. Las próximas semanas, con el pleno de investigación pendiente y la campaña electoral en marcha, determinarán si la controversia se traduce en responsabilidades judiciales o políticas.