En Madrid, el 25 de marzo, la situación legal que envuelve a la justicia española está tomando un giro inesperado. Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC), ha decidido solicitar un análisis a los letrados de su institución sobre la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta situación se origina a raíz de una providencia emitida por la citada Audiencia que cuestiona la actuación del TC, acusándolo de haber sobrepasado sus límites.

Fuentes cercanas a Europa Press han confirmado que durante una reunión el pasado lunes, Conde-Pumpido expresó sus reservas acerca de la capacidad de los magistrados españoles para elevar cuestiones al TJUE que podrían desoir las resoluciones del Tribunal Constitucional. La preocupación se centró en un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque también se hizo mención al controvertido caso de los ERE.

Este asunto no tardó en llegar al conocimiento de los demás magistrados del TC, quienes se encontraban en otra reunión en la Sala Segunda. Según las informaciones disponibles, se anticipa que Conde-Pumpido formalice este tema ante el Pleno en breve, lo que añade un aire de urgencia a la situación legal en curso.

Las fuentes relevantes han indicado que el presidente del TC ha tomado la iniciativa de encargar a un grupo de letrados un informe que analice la viabilidad de que los jueces españoles planteen cuestiones prejudiciales al TJUE en contextos como los del caso de los ERE o el TSJM. Esto pone de manifiesto una búsqueda de claridad sobre la interacción entre el derecho comunitario y las decisiones del TC.

Si bien es indiscutible que los jueces españoles pueden consultar al TJUE en situaciones donde existan dudas sobre cómo aplicar el derecho de la Unión, la cuestión se complica al tratarse de sentencias del propio Tribunal Constitucional. Por ello, el objetivo del informe es esclarecer las competencias de los jueces en este ámbito, aunque se reconoce que es posible que se declare nula la providencia de la Audiencia de Sevilla que ha suscitado esta controversia.

La providencia en cuestión, a la cual tuvo acceso Europa Press, proviene de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Este órgano judicial se encuentra revisando las sentencias relacionadas con el caso de los ERE, luego de que el TC anulara múltiples condenas, incluidas las de ex presidentes andaluces como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En ella, se argumenta que el TC ha realizado una “extralimitación” al interpretar de manera alternativa los delitos de prevaricación y malversación.

Además, la Audiencia de Sevilla ha requerido a las partes involucradas que se pronuncien sobre la condena del TC, planteando dudas sobre si esta cumple con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción. Esta petición incluye considerar un posible cuestionamiento al TJUE acerca de la compatibilidad de la doctrina del TC con el Derecho de la Unión, lo que podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial español.