En un operativo sin precedentes, la Policía Nacional ha desmantelado una organización delictiva que operaba en toda España, con un golpe certero en la provincia de Cádiz. En total, 19 individuos han sido arrestados por su participación en estafas informáticas, que consistían en suplantar la identidad de entidades bancarias. Los delitos perpetrados por este grupo han afectado a 85 víctimas, ocasionándoles pérdidas que rondan el millón de euros en menos de un año.

La investigación que condujo a estas detenciones se inició en octubre de 2024, tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que denunciaban haber caído en una trampa de suplantación bancaria. A diferencia de otras estafas más generales, esta operación fue metódica, ya que los estafadores poseían información detallada sobre sus blancos, como números de cuenta, DNI e incluso direcciones de residencia.

Utilizando herramientas informáticas especializadas, los criminales enviaban mensajes SMS masivos alertando a los clientes sobre accesos fraudulentos a sus cuentas. Estos mensajes contenían un enlace que dirigía a un sitio web diseñado para parecerse al original, donde se solicitaban las credenciales de acceso de las víctimas.

Una vez que los potenciales afectados proporcionaban su información, los delincuentes realizaban una segunda llamada telefónica, haciéndose pasar por operadores de fraude. En esta conversación, utilizaban un guion elaborado para manipular a las víctimas, convenciendo a muchas de ellas de que era necesario verificar su información personal para proteger sus cuentas.

Posteriormente, el engaño se fortalecía con el envío de un segundo SMS que hacía referencia a un supuesto gestor asignado para resolver el problema. Los estafadores, aprovechando la confianza ganada, guiaban a las víctimas para que realizaran transferencias bancarias o depósitos, a veces incluso en operaciones de criptomonedas o en la toma de préstamos, contribuyendo al desfalco.

Al obtener el dinero, los fondos eran extraídos rápidamente de las cuentas de las víctimas, convirtiéndose en efectivo a través de retiros en cajeros automáticos o transferencias a direcciones de criptomonedas. Este método les permitía ocultar el rastro del dinero obtención ilícita y favorecer la blanqueo de capitales.

Durante la operación, la policía identificó a 40 integrantes del grupo, cada uno desempeñando un papel específico en una jerarquía bien organizada. El líder supervisaba el funcionamiento y la logística del grupo, mientras que su asistente inmediato se encargaba de las comunicaciones con las víctimas. Por debajo, había captadores que reclutaban “mulas” para realizar transacciones a través de sus propias cuentas.

Además, la policía reveló que la intimidación era parte del arsenal delictivo del grupo. Al conocer los datos personales de sus víctimas, no dudaban en amenazarlas para evitar que denunciaran los delitos.

Las acciones de la Policía Nacional culminaron en junio con varios registros en Cádiz, donde se confiscó un considerable arsenal que incluía 11 teléfonos, cuatro ordenadores, 32,000 euros en efectivo, y 0,25 en criptomoneda Ethereum. También se hallaron armas como una escopeta de perdigones, pistolas de gas, un machete, y diversas herramientas contundentes preparadas para su uso inmediato.

Además, se recuperaron 20 documentos de identidad, muchos de los cuales habían sido robados en discotecas de Madrid y adquiridos en el mercado negro para facilitar sus actividades ilícitas. Las 19 personas detenidas enfrentan cargos graves que incluyen pertenencia a una organización criminal, estafa continua, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad y amenazas.