En Cádiz, el Juzgado de Instrucción número 3 ha decidido extender el plazo de investigación judicial en el caso relacionado con los contratos sanitarios hasta el 2 de abril de 2026. Esta resolución, que amplía la instrucción sobre posibles irregularidades en la contratación, fue solicitada por representantes del PSOE, quienes contaron con el apoyo de Podemos y del Ministerio Fiscal, a pesar de la oposición de otras partes involucradas.

El auto emitido por el Juzgado, fechado el 29 de septiembre de 2025 y al que ha tenido acceso Europa Press, indica que la solicitud de prórroga fue presentada por la representación del PSOE, un movimiento que generó críticas y desacuerdos por parte de otros actores del proceso.

En su fundamentación legal, el Juzgado hace referencia al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un plazo inicial de doce meses para las investigaciones, y que admite prórrogas si se justifica adecuadamente la necesidad de más tiempo. Dado que no se prevé que la investigación concluya antes del 2 de octubre de 2025, y en vista de los procedimientos pendientes, se ha decidido extender el plazo por seis meses adicionales.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), tras conocer la decisión del Juzgado, ha interpuesto un recurso de reforma buscando anular esta prórroga. Según sus argumentos, las razones expuestas por el PSOE y Podemos para solicitar la ampliación no fueron suficientemente claras, limitándose a señalar la cercanía del fin del plazo original sin ofrecer más justificaciones sustanciales.

El SAS ha cuestionado además la afirmación del Juzgado sobre la existencia de diligencias pendientes, subrayando que no se han especificado cuáles son estas diligencias ni su importancia para el avance del caso, un aspecto que consideran vital según lo estipulado en la ley.

En su exposición, el SAS insiste en que no puede aprobarse una extensión tan considerable de la investigación sin una justificación adecuada y que se exige una motivación clara sobre las razones que han impedido concluir la investigación en el tiempo previsto. Asimismo, critican que no se ha indicado cuáles son las actuaciones necesarias ni su relevancia, lo que demeritaría la validez de la prórroga concedida.

En este contexto, Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, ha manifestado su respaldo a la decisión del juez de otorgar más tiempo para la investigación sobre los contratos sanitarios del SAS, insistiendo en que si el Gobierno andaluz no tuviera nada que ocultar, no habría razón para oponerse a la investigación profunda. Además, ha señalado que es fundamental esclarecer cómo se ha estado manejando el dinero público desde que el PP asumió el poder en la región.

En conclusión, este caso sigue generando tensiones entre las distintas partes implicadas y pone de manifiesto la polémica en torno a la gestión de los contratos sanitarios en la provincia, un tema sensible que continúa en el punto de mira de la opinión pública.