El Parlamento exige al Gobierno una inversión de 15.000 millones en infraestructuras eléctricas por la deuda energética acumulada.

El Parlamento de Andalucía ha tomado este jueves una decisión relevante al aprobar una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular. Esta medida exige al Gobierno central la elaboración de un ambicioso "Plan Extraordinario Andalucía", que debe ser formulado en un plazo de seis meses y ejecutado a lo largo de cinco años. El objetivo principal de este plan es abordar la histórica falta de inversiones en la infraestructura energética de la región, y se solicita una asignación de al menos 15.000 millones de euros destinada específicamente a transporte y distribución.
La aprobación de esta iniciativa fue posible gracias a los votos del Grupo Popular, que también contó con el respaldo parcial del Grupo Socialista en algunos aspectos, aunque este último se opuso a la exigencia de inversión de 15.000 millones de euros. Los grupos de la izquierda, así como Vox en Andalucía, igualmente rechazaron esta propuesta. La parlamentaria Julia Ibáñez del PP fue la encargada de presentar y defender la iniciativa.
Entre las solicitudes concretas incluidas en la PNL se encuentra la exigencia de que el Gobierno realice "una actualización inmediata" de la planificación estatal de la red de transporte, para que refleje "las necesidades reales" de Andalucía. Se espera que esta actualización contemple un calendario riguroso de proyectos y un seguimiento público semestral, con el fin de mejorar las capacidades de la red y reducir los tiempos de conexión.
Además, la propuesta aboga por reforzar las conexiones eléctricas en polígonos industriales, comunidades energéticas y localidades en crecimiento, estableciendo expectativas anuales en términos de megavatios disponibles y puntos de conexión. También se destaca la necesidad de mejorar la interconexión dentro de la región para mitigar la congestión y las pérdidas de energía.
Otra de las reivindicaciones del PP es la convocatoria "urgente" de concursos para el acceso a nudos con capacidad disponible, que deben llevar un calendario trimestral y un plazo de resolución de seis meses para cada convocatoria.
Asimismo, la PNL plantea la reforma del marco regulador de las redes de distribución y transporte, de modo que se incentive la inversión con una tasa de retribución competitiva y medidas que fomenten la gestión activa de la demanda y el almacenamiento de energía. Este punto ha recibido el apoyo del Grupo Socialista.
La propuesta también solicita mejoras en la regulación que facilite el acceso de nuevas demandas eléctricas, atendiendo sectores clave como la industria electro-intensiva y la producción de hidrógeno renovable, evitando así rechazos sistemáticos por falta de capacidad.
Adicionalmente, el Grupo Popular exige transparencia en el manejo de datos sobre la capacidad energética en Andalucía, proponiendo un informe mensual que detalle las solicitudes pendientes y los plazos de ejecución de cada proyecto. Además, se plantea crear una "Ventanilla Única de Enganches Industriales" que involucre a diversas entidades del gobierno y del sector energético.
La PNL también propone la creación de una Comisión Mixta de Coordinación Energética entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con la tarea de supervisar la planificación y ejecución de las redes en la región durante los próximos cuatro años, con informes anuales presentados al Parlamento andaluz.
Finalmente, se solicita que las mejoras en la red no se traduzcan en incrementos injustificados de los peajes para consumidores y pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, se demanda una regulación clara sobre los permisos de acceso y conexión en Andalucía, asegurando que el uso de estos permisos sea transparente y evite situaciones de especulación.
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