El PP exige una condena del Congreso por el caso ERE.

En Sevilla, hoy 1 de septiembre, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) para discutir en el Pleno en la que resalta la existencia de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y exige que la Cámara Baja condene las acciones políticas que lo facilitaron.

El texto de esta iniciativa parlamentaria del PP se refiere al "fraude millonario de dinero público ocurrido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009", luego de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que, entre junio y julio pasados, aceptaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos de la etapa socialista anterior en la Junta condenados en este caso, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El PP busca que el Congreso condene y repruebe "las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la eliminación deliberada de controles en la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entre 2000 y 2009".

En la exposición de motivos de la PNL, el PP hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019, que condenó a varios miembros del gobierno de la Junta por el llamado 'caso de los ERE', confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo en septiembre de 2022 tras un recurso en casación.

El Grupo Popular destaca que las sentencias muestran un sistema de pagos de ayudas sociolaborales sin control, permitiendo que se incluyan beneficiarios que no cumplen los requisitos, que se sigan percibiendo rentas sin cumplir los requisitos y que se utilicen los fondos para fines ajenos a las ayudas sociolaborales.

Este sistema se institucionalizó progresivamente para evitar obstáculos, como la tramitación de modificaciones presupuestarias, un convenio marco no publicado ni informado por los servicios jurídicos y la ocultación de las ayudas en una partida presupuestaria que evitaba una fiscalización adecuada.

El PP recalca que las sentencias del TC no cuestionan los hechos probados ni la existencia de un sistema sin control de millones de euros públicos, aunque indican que el mecanismo utilizado para habilitar esto no puede ser castigado por la justicia ordinaria al ser político y no administrativo.

El Grupo Popular sostiene que las sentencias del TC no ofrecen un relato alternativo de lo sucedido en Andalucía, donde millones de euros fueron gestionados sin control y utilizados de manera incorrecta gracias a los máximos cargos del gobierno de la Junta.

El PP argumenta que es necesario evitar que se difunda la idea de que estos graves actos de corrupción no ocurrieron o de que los dirigentes acusados eran ajenos a ellos, ya que las sentencias no niegan los hechos.

Para el Grupo Popular, es esencial reconocer que el caso de los ERE existió, que los fondos se utilizaron de forma indebida y que los cargos del gobierno andaluz facilitaron este fraude deliberadamente, independientemente de si las acciones son penalizables.

En resumen, el PP justifica su propuesta ante la necesidad de un reproche público, político, moral y ético a estas acciones que marcaron la gestión pública en Andalucía durante años, más allá de la responsabilidad penal.