SEVILLA, 13 de octubre. En un movimiento que ha suscitado amplios debates, el PSOE-A ha presentado una proposición no de ley para su discusión en el Parlamento andaluz. La propuesta busca que la Junta lleve a cabo una auditoría independiente, desvinculando a los altos funcionarios del gobierno de consultoras privadas, para evaluar el efecto que han tenido las rebajas fiscales implementadas desde 2019. Esto incluye la eliminación del impuesto de patrimonio y las bonificaciones en el impuesto de sucesiones, así como una disminución en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La iniciativa pone énfasis en examinar las consecuencias de estas políticas fiscales sobre la desigualdad social y la financiación de servicios públicos fundamentales.

El documento del PSOE-A, titulado "Defensa de la Transparencia para Frenar el Tráfico de Influencias", solicita a la Junta que elabore un informe exhaustivo en un plazo de tres meses. Este informe debería centrarse en el impacto económico y social de las rebajas fiscales desde 2019, y abordar su efecto en la financiación de servicios esenciales y el deterioro del estado de bienestar. Se exige que los resultados sean presentados al Parlamento y se publiquen en el Portal de Transparencia.

Además, la proposición incluye la solicitud para que se revocen las bonificaciones fiscales otorgadas a las empresas del juego privado, restableciendo las tasas anteriores a 2019. Los fondos recuperados, según la iniciativa, deben ser invertidos en programas de prevención de la ludopatía y atención a jóvenes afectados por esta problemática.

La propuesta también contempla la necesidad de que la Junta realice una evaluación integral y objetiva del impacto de los decretos de simplificación administrativa. Esto debe hacerse con enfoque en la protección ambiental, urbanística y social, con el objetivo de presentar en un máximo de seis meses una reforma que mitigue las disposiciones perjudiciales para el interés general. Se resaltan la importancia de procesos de consulta pública previos y de mecanismos que aseguren el control y la transparencia en futuros trámites estratégicos.

Asimismo, el PSOE-A ha exigido que en un plazo federal de dos meses, la Junta debe remitir al Parlamento y publicar en el Portal de Transparencia todos los informes y auditorías que hayan servido como base para aprobar los decretos de simplificación y las rebajas fiscales desde 2019. Este acceso a la información es crucial para asegurar que la ciudadanía tenga conocimientos sobre las decisiones administrativas.

El Partido Socialista también insta a que se establezca un marco normativo que prohíba la contratación de asesorías o auditorías a instituciones vinculadas a ex altos funcionarios de la administración autonómica en un periodo de cinco años tras su cese. Este marco tiene como propósito evitar conflictos de interés y la práctica de puertas giratorias, e incluiría un registro público de consultoras y mecanismos de verificación de incompatibilidades.

Asimismo, se solicita la creación de un registro público de grupos de interés a nivel autonómico. Este registro sería obligatorio para cualquier entidad que busque influir en las políticas públicas de Andalucía, garantizando así la transparencia y el libre acceso a la información por parte del público y el Parlamento.

Finalmente, entre las peticiones se encuentra la modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos para incluir un código de conducta que garantice la actuación de los grupos de interés con transparencia y respeto al marco legal vigente. De igual forma, se reclama un nuevo precepto que requiera que cada iniciativa normativa aprobada lleve un “informe de huella normativa”, detallando las influencias recibidas por parte de los grupos de interés.