En un contexto marcado por la controversia respecto a la intención de restringir la consulta sobre los ERE, se ha dado a conocer un informe del Tribunal Constitucional (TC) que establece una posición clara: este organismo no tiene la potestad para obstaculizar que otros poderes judiciales, incluidos jueces y tribunales, se dirijan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta declaración surge tras las deliberaciones en torno a la decisión que debe tomar la Audiencia de Sevilla sobre el conocido 'caso ERE'.

Según publica 'El Español' y confirma Europa Press a través de fuentes jurídicas, el informe proviene de una letrada que trabaja con el magistrado conservador César Tolosa y que se especializa en derecho comunitario. Este documento sostiene que cualquier intento por parte del TC de restringir la acción de órganos jurisdiccionales inferiores al plantear una cuestión prejudicial podría infringir la normativa europea.

El debate se intensificó después de que la Audiencia de Sevilla decidiera considerar la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE. Esta decisión responde a la reciente anulación por parte del TC de varias condenas en el 'caso ERE', afectando notablemente a ex presidentes como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y genera preocupaciones sobre las interpretaciones legales existentes sobre conceptos como la malversación y la prevaricación.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, expresó sus dudas respecto a que un tribunal español pueda acudir al TJUE sin desobedecer las sentencias del propio TC. Las preocupaciones fueron discutidas en sesión de la Sala Primera, pero el tema, que no figuraba en el orden del día, fue posteriormente incorporado al Pleno debido al desconcierto manifestado entre los magistrados.

Según las fuentes que han seguido el desarrollo de esta controversia, Conde-Pumpido no contaba con un amplio respaldo para su postura, lo cual incluye incluso a algunos miembros del sector progresista en el TC. En la discusión, varios magistrados subrayaron la importancia de que cualquier decisión final cuente con un consenso significativo.

Las opiniones están divididas: por un lado, hay quienes afirman que es esencial que los jueces españoles puedan consultar al TJUE cuando surjan dudas sobre la aplicación de las normativas comunitarias, mientras que otros defienden la supremacía del TC en la ejecutoria de sus sentencias, considerando incluso la opción de anular la providencia emitida por la Audiencia de Sevilla.

Las mismas fuentes informan que la postura de Conde-Pumpido ha sido ajustada en discusiones posteriores, donde se ha comenzado a hablar de la búsqueda de un acuerdo común. Se anticipa que el tema será tratado en un nuevo Pleno, ahora con la documentación relevante a la mano, incluyendo la providencia de la Audiencia de Sevilla y otros informes que podrían sumarse, tales como el promovido por Conde-Pumpido.