En una reciente comparecencia judicial, Juana Rivas se presentó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada como investigada nuevamente por el delito de sustracción de menores. Este caso se reaviva tras su condena en 2018 por el mismo motivo, aunque fue indultada en 2021 por el Gobierno, lo que ha generado un intenso debate en torno a la justicia y la protección infantil.

Al salir del juzgado, Rivas se mostró visiblemente afectada, expresando a los medios que tanto ella como su círculo cercano se sienten "rotos" tras pasar casi diez años en este tumultuoso proceso legal. Sus declaraciones reflejan un profundo desasosiego, al considerar que regresa "a la casilla de salida" después de haber luchado en su momento por lo que considera un injusto tratamiento de su situación.

Frente a la expectante multitud de periodistas, Rivas hizo un llamado a poner fin a lo que ella describe como "un circo", manifestando que su único propósito es luchar por el bienestar de su hijo, Daniel. Aseguró que no se rendirá mientras su hijo esté en juego, enfatizando la falta de apoyo y comprensión por parte del sistema judicial.

Esta nueva intervención legal proviene de una denuncia presentada por su expareja, Francesco Arcuri, quien argumentó que su hijo de 11 años no regresó a Italia a tiempo después de pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Granada. Ante esta situación, el equipo legal de Rivas intentó bloquear el retorno del menor a Italia, citando que el niño se encuentra "en grave riesgo" debido a la situación legal de su padre.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, expuso ante el tribunal pruebas que, según él, respaldan la postura de su clienta, incluyendo testimonios y documentos que indican un contexto de presunto maltrato por parte de Arcuri. Sin embargo, subrayó la complejidad de la situación, ya que su cliente y su hijo han estado atrapados en un laberinto legal desde 2016, cuando se presentó por primera vez una denuncia de maltrato.

En esta ocasión, los letrados de Rivas remarcaron que, a diferencia de años anteriores, Arcuri enfrenta cargos en Italia por maltrato, lo que complica aún más la situación del menor. Indican que Daniel ha sido escuchado una sola vez en España, y preocupan las circunstancias bajo las cuales debe testificar en un juicio que involucra a su padre, quien vive con él actualmente.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, aclaró que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada se centra en determinar si hubo sustracción de menores y por qué Rivas no entregó a su hijo antes de la fecha dictada por el tribunal italiano. Criticó que su clienta no cumplió con una resolución de la justicia italiana que ordenaba el regreso del niño, manifestando su deseo de que el proceso judicial se resuelva rápidamente.

El estado actual de Daniel, según Zambrano, es satisfactorio, ya que se encuentra "magnífico" con su padre en Cagliari. Tras la intervención de Rivas, se prevé que cada parte involucrada pueda solicitar diligencias adicionales ante el juzgado. La defensa de Rivas ha anunciado su intención de solicitar el sobreseimiento del caso, lo cual requerirá la consideración de los otros actores del proceso.

Cabe recordar que Rivas ya había sido condenada por sustracción de menores en 2016, cuando sacó a sus hijos de Italia sin el consentimiento de Arcuri, alegando huir de situaciones de maltrato. El Tribunal Supremo redujo su pena y le otorgó un indulto condicional, el cual podría estar en riesgo si se produce una nueva condena en esta ocasión.

El indulto, concedido en 2021, transformó su condena de cinco años de prisión a una pena más leve, junto con una sanción de trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de la pérdida de la patria potestad. Estas decisiones judiciales han dejado a muchos cuestionando las implicaciones de la justicia y la protección de los derechos de los menores.