SEVILLA, 11 de julio. En la actualidad, la Junta de Andalucía enfrenta una cuantiosa carga financiera debido a problemas de depuración de aguas, acumulando hasta 17 millones de euros en esta legislatura. De esta cifra, una parte significativa, concretamente 8,5 millones de euros, se destina al proyecto de Málaga Norte. Esta situación ha motivado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a promover una modificación de la Ley de Aguas, un anteproyecto que ya se encuentra disponible para su evaluación pública.

Tras quince años de aplicación de la normativa vigente, se reconoce la imperiosa necesidad de actualizar la Ley de Aguas. Esta reforma busca responder adecuadamente a los retos contemporáneos y futuros que enfrenta Andalucía en la gestión de este recurso vital para sus ciudadanos, industrias y el sector agrícola, según se detalla en la consulta pública de Europa Press.

Bajo la dirección de Ramón Fernández-Pacheco, la Consejería plantea que estas reformas son esenciales para mejorar la eficiencia de la administración hídrica en Andalucía. Las modificaciones propuestas tienen como objetivo agilizar y simplificar los trámites administrativos, eliminando así barreras innecesarias y facilitando una gestión más efectiva y óptima del agua.

El enfoque de esta nueva regulación es proporcionar a la Junta de Andalucía las herramientas adecuadas para asegurar una gestión responsable, sostenible e integral del agua, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos con la Unión Europea y evitando posibles sanciones por incumplimientos normativos.

La experiencia acumulada a lo largo de los quince años de aplicación de la ley anterior ha evidenciado limitaciones que obstaculizan una respuesta eficaz a las demandas derivadas de la legislación comunitaria, la creciente complejidad en la planificación de recursos hídricos y la presión sobre los mismos. Todo ello subraya la necesidad de asegurar el suministro de agua de calidad y en condiciones seguras, tanto para la ciudadanía como para las actividades económicas de la región.

El momento es considerado "particularmente propicio" para llevar a cabo esta reforma, en un contexto donde se requiere cumplir con los compromisos europeos en política hídrica y evitar sanciones. También es crucial dotar al marco normativo de instrumentos más efectivos para la planificación, financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas, fomentando la colaboración con entidades locales y supramunicipales. Además, se hace hincapié en la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión que esté fundamentado en la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia, así como en la necesidad de simplificar y acelerar los procesos administrativos relacionados con el agua.