SEVILLA, 23 de abril.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se encuentra en el centro del debate jurídico tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló las condenas a varios imputados en el escándalo de los ERE. Este jueves, el tribunal dará inicio a la primera de tres jornadas dedicadas a decidir si elevará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según una nueva providencia del tribunal, se ha dado un plazo de diez días para que las partes involucradas informen sobre la posible "extralimitación" del Constitucional al interpretar la prevaricación y la malversación de manera alternativa en las sentencias que anularon las condenas. También se investiga si esta doctrina se opone a las normativas internacionales de lucha contra la corrupción y la viabilidad de no aplicar tales sentencias debido a sus implicaciones.

Las fechas fijadas para este proceso de deliberación son el 24 y el 29 de abril, así como el 13 de mayo, según ha dado a conocer la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Tribunal Constitucional ha señalado que la interpretación realizada por la Audiencia de Sevilla, así como la del Tribunal Supremo al desestimar los recursos, se apartó de los lineamientos establecidos en la ley, violando así el derecho a la legalidad penal consagrado en el artículo 25 de la Constitución Española.

En las argumentaciones del TC se establece que la participación en el desarrollo de presupuestos no debería ser considerada como resoluciones referidas a asuntos administrativos, advirtiendo que los jueces están obligados a respetar la ley en vigor, a menos que decidan plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

Frente a esta situación, la Audiencia planteó el pasado 18 de marzo inquietudes sobre si el TC había sobrepasado su autoridad normativa al revisar las decisiones sobre la valoración probatoria respecto a los delitos de prevaricación y malversación, además de cuestionar la compatibilidad de la interpretación del TC con el marco normativo europeo.

Por otro lado, el tribunal también busca aclarar si la reciente doctrina del Constitucional podría estar en desacuerdo con los requisitos internacionales en la lucha contra la corrupción, planteando un posible riesgo de desprotección del patrimonio público y afectando la confianza de los ciudadanos en la administración de los fondos públicos.

Además, se aborda la posibilidad de que los tribunales ordinarios opten por no aplicar las sentencias del TC, que podrían interpretarse como una justificación para las acciones de los acusados pese a que estos actos continúan siendo delictivos a la luz de las normativas vigentes.

Es importante recordar que aunque el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, solicitó un informe a sus letrados sobre la viabilidad de que la Audiencia formule esta consulta al TJUE, los dictámenes jurídicos llegaron a la conclusión de que no existe impedimento para que los jueces busquen aclaraciones al TJUE, incluso con sentencias del propio TC pendientes de ejecución.

Varios de estos informes subrayaron que la simple discusión sobre este asunto en el seno del Tribunal Constitucional podría ser interpretada como una intromisión en la independencia judicial, sugiriendo que el TC debería mantener un enfoque prudente dada la complejidad de la situación planteada por la Audiencia de Sevilla.

Por último, durante un reciente encuentro informativo, Conde-Pumpido manifestó que el TC no obstaculizaría consultas al TJUE, aunque resaltó la necesidad de reflexionar sobre este asunto, dado que las cuestiones prejudiciales suelen plantearse antes de que se emita una sentencia, lo que no es el caso en esta ocasión.