La Junta de Andalucía ha presentado un nuevo proyecto de ley en el que se destacan reformas importantes en el ámbito de las donaciones y los impuestos relacionados, con la intención de simplificar los procedimientos para los ciudadanos. Una de las medidas más destacadas es la eliminación de la obligación de acudir a un notario para las donaciones que no superen los 5.000 euros, lo que busca aliviar la carga administrativa y económica que estos trámites suelen implicar.

Este ajuste forma parte de las iniciativas tributarias que contempla el proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2026. La Junta ha propuesto un marco legal que incluye modificaciones en varios impuestos, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. A través de la aplicación de tipos impositivos reducidos, el objetivo es dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.

Se prevé que las medidas se implementen en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, donde se establece un tipo reducido del 2% para la compra de viviendas de hasta 500.000 euros, que serán luego re-vendidas. Esta disposición, que ya había sido abordada anteriormente en la legislación autonómica, ha sido ajustada para incluir un umbral específico de valor para los inmuebles.

La Junta justifica estos cambios diciendo que tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, indica que, aunque se elimine la necesidad de un notario para donaciones menores a 5.000 euros, se requerirá que los fondos donados sean justificados adecuadamente, garantizando así la transparencia en dichos procesos.

Las proyecciones fiscales del Gobierno andaluz para este ejercicio estiman ingresos significativos, siendo 1.677,23 millones en Transmisiones Patrimoniales y 280,57 millones en Sucesiones y Donaciones. En este sentido, la administración regional busca optimizar la recaudación sin poner un peso adicional en los contribuyentes.

Adicionalmente, la ley propone otros incentivos fiscales, como la deducción por alquiler de vivienda para ciudadanos menores de 35 años y mayores de 65, así como desgravaciones relacionadas con el nacimiento y adopción, gastos alimentarios para familias con celíacos y otros conceptos relacionados con el bienestar social y la promoción de la actividad física.

Las modificaciones propuestas buscan no solo reducir la carga impositiva sobre las familias, sino también fomentar un entorno en el que el sector inmobiliario pueda prosperar. Con la meta de estimular la economía local y mejorar la situación de los ciudadanos andaluces, el Gobierno espera que estos cambios tengan un impacto positivo y duradero en la comunidad.