El 24 de octubre en Málaga, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, destacó la significativa propuesta de presupuestos para 2026 que prevé un nivel de inversión sin precedentes en la comunidad. Según su declaración, se destinarán 6.413 millones de euros a inversiones, lo que representa un 12,4% del presupuesto total y un notable aumento del 10% en comparación con el año anterior.

La consejera subrayó que esta cifra es un impresionante 73% más que los 3.700 millones asignados en el último presupuesto del gobierno socialista en 2018, afirmando que se está realizando un esfuerzo notable por mejorar la asignación de recursos.

En su intervención en un foro organizado por el Diario SUR de Málaga, España resaltó que las cuentas andaluzas se presentarán puntualmente la semana próxima, a diferencia de la situación con el Gobierno central, que lleva dos años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, incumpliendo así una obligación constitucional.

Además, la consejera anunció que los presupuestos superarán los 50.000 millones de euros, una cifra que considera histórica. Resaltó que de esta cantidad, casi un tercio, es decir, 16.265 millones, se destinarán a la sanidad, apuntando que es más de lo que reciben comunidades como Galicia o Castilla y León en su totalidad.

España enfatizó la importancia de la sanidad como un “tesoro” que debe ser protegido, afirmando que se han cuadruplicado las inversiones en infraestructuras sanitarias con el fin de garantizar una atención pública y gratuita para todos los ciudadanos.

Asimismo, confirmó que en los nuevos presupuestos se incluirán 4.371 nuevos profesionales del sector salud, con alrededor de 1.500 dedicados a las infraestructuras recién construidas. Aseguró que este es un compromiso real con la mejora del sistema, dejando atrás lo que ella describió como una "sequía inversora total".

La consejera también se pronunció sobre la disposición del Gobierno andaluz para enfrentar y reconocer sus errores, así como para adoptar medidas correctivas, asegurando que esto es un verdadero acto de política responsable y transparente.

Por otro lado, España recordó que Andalucía continúa sufriendo de una infrafinanciación crónica que ha llevado a la comunidad a operar con limitaciones significativas. Explicó que se pierden anualmente cerca de 1.528 millones de euros, lo que represente una injusticia que merma la capacidad de acción del gobierno regional.

En su crítica hacia el gobierno central, demandó justicia y equidad en la financiación, insistiendo en que no requiere solidaridad, sino una igualdad de recursos. En respuesta a cuestionamientos sobre cómo incrementar las inversiones a pesar de esta falta de fondos, subrayó la importancia de una gestión eficaz y ordenada.

Además, discutió la necesidad de ajustes presupuestarios para abordar la reciente crisis del cribado de cáncer de mama, asegurando que no se realizarán recortes en otras áreas para cubrir este gasto urgente. También abogado por la defensa del sistema público de salud, argumentando que la calidad del mismo es superior a la de muchos otros países.

Durante su discurso, destacó que la transformación económica que vive Andalucía es un hecho, celebrando el regreso al lugar que le corresponde en el contexto nacional, y citando a Málaga como el motor económico de la región.

España subrayó que Andalucía se ha convertido en un lugar atractivo para la inversión que genera empleo y oportunidades, señalando los resultados de la reciente revolución fiscal en la región, donde se han logrado reducir impuestos significativamente.

Manifestó que para 2026 se implementará un robusto paquete de deducciones fiscales para ayudar a las clases medias y trabajadoras, destacando que desde su llegada al poder han disminuido los impuestos bajo su gestión.

La consejera también mencionó la estabilidad institucional y la seguridad jurídica como pilares fundamentales del Gobierno de Juanma Moreno, a la vez que enfatizó que la deuda andaluza está bajo control, un logro destacable en comparación con otras comunidades.

Sin embargo, advirtió que la inestabilidad a nivel nacional afecta gravemente el poder adquisitivo de los ciudadanos y las empresas, contrastando la situación andaluza con una comunidad que ha experimentado un aumento de impuestos durante los últimos años.

Finalmente, habló sobre el tema de la vivienda, sugiriendo que las leyes actuales protegen más a los okupas que a los propietarios, un problema que debe ser abordado para mejorar la oferta de alquiler. Aseguró que el Gobierno andaluz está comprometido en la búsqueda de soluciones efectivas en este sector vital para la comunidad.