ALMERÍA, 19 de noviembre. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado a conocer que hay un nuevo investigado en la segunda fase del caso conocido como 'Mascarillas', el cual se centra en indagar sobre la posible existencia de contratos irregulares gestionados por la Diputación de Almería, donde, al parecer, se habrían desviado fondos en forma de comisiones.

Con esta adición, el número de personas implicadas en la investigación asciende a ocho, que incluyen a cinco detenidos y tres más bajo investigación. Entre los mencionados se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y su vicepresidente segundo, Fernando Giménez, quienes han pasado la noche en las instalaciones policiales, según fuentes oficiales citadas por Europa Press.

Los arrestados, que también incluyen al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), serán presentados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que está llevando a cabo el caso principal, donde tanto Giménez como Sánchez ya estaban bajo investigación previa.

Además, se ha detenido al hijo del alcalde de Fines, quien fue arrestado en junio de 2021 durante la fase inicial de la operación, así como a un técnico del Departamento de Obras Públicas de la Diputación. Por otro lado, dos empresarios y un tercer individuo han sido objeto de investigación, aunque estos últimos se encuentran en libertad.

La investigación abarca delitos relacionados con cohecho, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Cada uno de los investigados enfrenta diferentes niveles de responsabilidad, dependiendo de su implicación en la supuesta trama corrupta.

Este martes se llevó a cabo una extensa jornada de registros que duró más de diez horas, finalizando tras un exhaustivo examen de las instalaciones de la Diputación de Almería, en compañía de su presidente y vicepresidente. Ambos, junto con el alcalde de Fines, han sido suspendidos cautelarmente de su militancia por el Partido Popular. También se realizaron registros en viviendas y sedes de empresas, especialmente en la zona del Valle del Almanzora.

La evidencia recolectada sugiere que los investigados podrían haber colaborado o, al menos, facilitado la adjudicación de contratos públicos de manera fraudulenta a ciertas empresas, con la intención de recibir comisiones de las que estarían, al parecer, beneficiándose directamente.

La raíz de esta segunda fase se encuentra en las acciones iniciadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, fue detenido por la presunta adquisición fraudulenta de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) en plena pandemia. Este contrato de urgencia se valoraba en más de 2 millones de euros, aunque el monto efectivamente pagado al proveedor no alcanzó ni el millón.

Los indicios de posibles 'mordidas' relacionadas con ese primer contrato llevaron a las autoridades a ampliar su investigación, con el fin de averiguar si también se estaban cobrando comisiones a través de otros contratos relacionados con obras y servicios, incluyendo algunos gestionados por el Ayuntamiento de Fines.