Las organizaciones agrarias Asaja y COAG han lanzado una advertencia contundente: si se ratifica el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la manifestación que llevaron a cabo este lunes frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Madrid será solo la primera de muchas. Los agricultores y ganaderos, en representación del sector andaluz, expresaron su firme oposición a esta negociación internacional, que consideran perjudicial para sus intereses.

Desde el sur de España, Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía, subrayó la problemática de entregar producciones agrícolas a naciones como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que poseen vastas extensiones de tierra que superan en un 50% a la superficie total de Europa. López manifestó su preocupación ante la crisis económica que este tipo de acuerdos podría acarrear, destacando que no serán capaces de afrontarla de manera efectiva si continuamos en esta senda.

El líder agrario apuntó que la balanza comercial de Andalucía con estos países es "negativa", con pérdidas anuales que superan los 2.000 millones de euros. Explicó que los países de Mercosur operan con menores costos de producción y poseen explotaciones agrícolas más extensas, muchas de las cuales están bajo el control de fondos de inversión que están actualmente lanzando sus productos hacia Europa.

López también expresó su preocupación por un futuro donde los consumidores deban esperar a que lleguen los barcos cargados de alimentos desde Sudamérica. Con una mirada hacia el próximo año, concluyó diciendo que en 2025 estarán listos para salir a las calles a luchar por sus derechos y por la defensa de la agricultura española.

Las organizaciones que lideraron la movilización dejaron claro que no están en contra de los acuerdos per se, sino que cuestionan el contenido del acuerdo que ha sido negociado entre la UE y el bloque sudamericano. Consideran que implicará una competencia "desleal" para el sector agrícola español, poniendo en riesgo su viabilidad.

Un aspecto clave en las protestas de los trabajadores agrarios es la falta de exigencias en términos de requisitos y estándares sanitarios para los productos provenientes de Mercosur, a diferencia de lo que se pide a los agricultores y ganaderos de la UE. Ellos argumentan que esto no es un problema únicamente nacional, sino que concierne a toda la comunidad europea.

Las demandas de los agricultores también incluyen temas que se discutieron en una manifestación anterior celebrada en febrero en Madrid, las cuales siguen sin respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, incluyendo el aumento de los costes de producción y la mejora de los seguros agrarios.

En la misma línea, el presidente de Asaja, Pedro Barato, enfatizó la necesidad de establecer una competencia justa en la que todos los actores del mercado se rijan por las mismas normas, advirtiendo que Mercosur no comparte esta filosofía. "Lo que está prohibido en Europa, allí se permite producir", afirmó Barato en un comentario revelador sobre la discrepancia de regulaciones entre ambas regiones.

En relación a la posibilidad de frenar el acuerdo, Barato insinuó que podrían ser países como Francia, Polonia o Irlanda quienes se conviertan en una "minoría de bloqueo" para prevenir su implementación. Aprovechó la ocasión para instar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, a que aclare cuáles son las "bondades" del acuerdo, ya que los agricultores se sienten desilusionados y no logran visualizar ningún beneficio claro.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, expresó su decepción, afirmando que había esperado que la Comisión Europea adoptara un enfoque más favorable hacia la actividades agrarias en Europa, al tiempo que mostró su sorpresa por el hecho de que fueran precisamente el Gobierno español y el alemán los que auspiciasen este acuerdo, considerando que España cuenta con un sector agrícola y ganadero de gran peso a nivel europeo.

Padilla añadió que la normativa europea es la más rigurosa del mundo, lo que confiere a los agricultores de la UE una desventaja competitiva frente a los de otros países. A su vez, hizo mención a la reciente anulación, por parte del Tribunal de Justicia de la UE, de los acuerdos de agricultura y pesca con Marruecos, lo que subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado en las negociaciones internacionales.

Por último, se abordó otro tema relevante en la agenda de las organizaciones agrarias: el problema del lobo. Barato pidió una revisión de la gestión actual para eliminar al lobo de la lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe), señalando que hay 25 países en Europa que opinan que se debería actuar de manera diferente, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica parece insistir en mantener una postura contraria a los intereses de ganaderos y productores de ovejas y vacas.