En un reciente encuentro con la comisión de investigación del Senado sobre el polémico 'caso Koldo', el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no perdió la oportunidad de lanzar duras críticas a la gestión de la Junta de Andalucía, que está actualmente bajo el liderazgo de Juanma Moreno, del PP. En su intervención, Sánchez se centró en la controvertida adjudicación de 242 millones de euros a clínicas privadas, un proceso que, según él, careció de la supervisión necesaria y fue establecido mediante contratos de emergencia durante la crisis del Covid-19.

El mandatario mencionó que los últimos tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están implicados en acusaciones serias de prevaricación y malversación. Estos comentarios fueron parte de la respuesta a las preguntas planteadas por el senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, lo que subraya la tensión política en torno a este tema.

Sánchez también expuso que al asumir la presidencia, encontró un sistema de salud pública debilitado, no solo por problemas estructurales heredados de la crisis financiera, sino también por una política de privatización que ha dejado a los servicios esenciales en manos del sector privado. Esto, según él, contribuyó a una respuesta pública insuficiente ante la emergencia sanitaria.

El presidente insistió en que su Gobierno tomó medidas urgentes a través de un mecanismo de emergencia para abastecer al sistema de salud con recursos críticos durante la pandemia. Aludió a un Decreto-ley creado específicamente para abordar la crisis sanitaria, que facilitó la contratación directa de materiales y servicios sin necesidad de una licitación formal.

Según Sánchez, esta medida era fundamental para proteger tanto a los profesionales sanitarios como a la población en general. Sin embargo, resaltó que este procedimiento de emergencia fue terminado en mayo de 2021, cuando las circunstancias comenzaron a mejorar tras la fase más grave de la crisis sanitaria.

A pesar de la conclusión del proceso de emergencia a nivel nacional, el presidente advirtió que la Junta de Andalucía continuó utilizando este mecanismo durante tres años más, lo que resulta en la adjudicación de importantes cantidades de dinero a clínicas privadas sin las debidas garantías de control. «Esto es inaceptable», dijo, indicando que la Fiscalía Anticorrupción está investigando los contratos en cuestión.

Frente a las acusaciones que pesan sobre la gestión andaluza, Sánchez defendió que su Gobierno actuó dentro del marco legal, ajustando sus respuestas ante una crisis sin precedentes y finalizando el procedimiento extraordinario en cuanto la situación sanitaria lo permitió. Con esta postura, busca reforzar la imagen de su administración como responsable frente a las críticas que recibe en un contexto de creciente escrutinio público.