SEVILLA, 27 de octubre. El representante de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha expuesto recientemente un informe del sindicato que resalta la necesidad de implementar la figura del Delegado Territorial o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales. Esta propuesta se presenta como una respuesta a la alarmante siniestralidad laboral que afecta a la región.

El informe, titulado ‘Delegados/as Territoriales o Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales. Una figura imprescindible y muy necesaria en Andalucía’, examina los peligros en el entorno laboral durante la última década, y se apoya en el marco normativo correspondiente para justificar su implementación. Además, el documento destaca ejemplos exitosos en comunidades como Asturias, Navarra y La Rioja, donde se ha adoptado este modelo.

Los datos reveladores del estudio indican que en 2024 se produjeron 107.338 accidentes laborales con baja en Andalucía, un incremento notable del 31% en comparación con 2014. Asimismo, se registraron 1.150 accidentes graves y 132 muertes laborales, lo cual representa un escalofriante aumento del 50% en la mortalidad en el ámbito laboral en la última década.

El informe detalla que en Andalucía ocurre un accidente laboral aproximadamente cada cinco minutos, y resalta que cerca del 25% de las víctimas de accidentes graves en España son andaluzas. Sánchez Villegas ha calificado estas cifras como "insoportables" y ha enfatizado la urgencia de actuar para garantizar que el trabajo no cueste vidas humanas.

El documento también pone de manifiesto que el 85,6% de las empresas en Andalucía son microempresas, muchas de las cuales carecen de representación sindical en materia de prevención, dejando a miles de trabajadores expuestos a riesgos laborales. Además, señala que más del 21% de los accidentes laborales ocurren en empresas de menos de diez empleados, muchas de las cuales no realizan una evaluación de riesgos ni ofrecen la formación adecuada.

El secretario de Salud Laboral de UGT-A ha señalado que el sistema actual de prevención es deficiente en su alcance hacia las microempresas, y ha declarado que la premisa de la prevención es prácticamente inexistente en pequeñas y medianas empresas, así como en el sector de los autónomos.

En cuanto a la distribución de los accidentes laborales, el informe señala que los sectores más impactados son los servicios, la construcción, la industria y la agricultura, con una predominancia de incidentes mortales en los sectores de la construcción y los servicios, donde se registraron 28 y 61 fallecimientos, respectivamente, en 2024.

Las provincias de Málaga y Sevilla encabezan la lista de accidentes laborales en la comunidad autónoma, mientras que Jaén, Almería y Granada presentan una preocupante tasa de mortalidad laboral.

Pablo Sánchez Villegas ha subrayado que estos datos reflejan la precariedad de los sectores más afectados, donde la alta temporalidad, la subcontratación y la falta de capacitación conforman un "cóctel letal" que se repite cada año.

La propuesta de UGT-A aboga por la creación de una figura de Delegado Territorial o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales, cuya función sería actuar de forma independiente de las empresas, supervisando el cumplimiento de la normativa y promoviendo la cultura preventiva en entidades que actualmente no tienen representación.

A diferencia de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía, los delegados territoriales tendrían un enfoque más proactivo y cercano, centrando su tarea en la prevención en lugar de la mera sanción. Esto significaría un complemento al trabajo realizado por los técnicos en lugar de una sustitución.

El informe también destaca que el número de visitas anuales realizadas por los técnicos habilitados, en torno a 6.000, es claramente insuficiente para abarcar toda la estructura productiva de la región.

Por otro lado, UGT Andalucía ha definido la creación de la figura de delegado como plenamente viable desde un punto de vista legal, argumentando que este aspecto podría ser objeto de negociación colectiva o de acuerdos entre los agentes sociales y la administración regional.

La propuesta también incluye la posibilidad de financiamiento público, considerando que la reducción de la siniestralidad no solo es crucial para salvar vidas, sino que también representa un ahorro en costos derivados de accidentes, mejora la productividad y reduce el gasto en salud y pensiones.

Pablo Sánchez Villegas ha reiterado que invertir en prevención es fundamental no solo desde una perspectiva ética, sino también como una estrategia de eficiencia, donde cada euro destinado a la prevención se traduce en bienestar y ahorro público.

El sindicato sugiere que el modelo andaluz se estructure en un organismo tripartito, que coordine a la Junta, los sindicatos y las organizaciones empresariales, asegurando así la cooperación entre todas las partes interesadas y una mejor planificación de las actividades de los delegados territoriales.

Estos delegados deberán ser profesionales cualificados en prevención, poseyendo formación continua y acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva en los diferentes lugares de trabajo.

Sánchez Villegas ha remarcado la necesidad de establecer una red de prevención robusta y profesional, señalando que la región demanda una mayor presencia sindical y un fomento de la cultura preventiva.

Finalmente, el informe concluye que la instauración de la figura del delegado es fundamental para revertir el crecimiento de la siniestralidad laboral, especialmente en un ambiente donde factores como la digitalización y nuevas formas de producción presentan desafíos adicionales en la salud laboral.

El secretario ha llamado la atención sobre la necesidad de actualizar la Ley de Prevención, que ya cuenta con casi tres décadas, argumentando que el mundo laboral ha experimentado cambios significativos que exigen nuevas herramientas más flexibles y eficaces.