SEVILLA, 8 de julio. Las universidades públicas de Andalucía han alzado su voz en un claro desacuerdo con la política de "privatización y mercantilización" del acceso a la educación superior que promueve el Gobierno regional. Esta postura se manifiesta en una creciente preocupación por el "trato desigual" que reciben en comparación con las universidades privadas. Este conflicto llega a un punto crítico con la inminente aprobación de hasta 34 nuevos títulos para instituciones privadas como la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Las instituciones académicas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Jaén, Málaga, Sevilla y la Pablo de Olavide (UPO) emitieron un comunicado en el que alertan sobre las consecuencias de esta situación. Aseguran que no es una cuestión menor para el sistema universitario público andaluz, ya que se encuentra en medio de una "asfixia" provocada por diversas medidas que afectan su funcionamiento.

Respecto a la creación de nuevas titulaciones, las universidades han subrayado que la realidad es "irrefutable" y refleja una "situación injusta" en la forma en que las autoridades consienten las universidades públicas frente a las privadas. Por ejemplo, destacaron que a la Universidad de Córdoba se le rechazó el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por razones de empleabilidad, mientras que este mismo título fue aprobado para la Universidad CEU Fernando III.

Además, las universidades públicas se han mostrado atónitas al observar cómo las universidades de Granada y Jaén recibieron una evaluación negativa para el Grado en Ingeniería Biomédica, mientras que la Universidad Loyola Andalucía recibió la aprobación para dicho programa. Esto pone de manifiesto una clara desigualdad en los criterios aplicados por la Consejería de Educación.

Los representantes de las universidades han señalado que resulta irónico que los primeros graduados andaluces en esta disciplina, de gran demanda en el mercado laboral, provendrán de una universidad privada que carece de un largo historial en el campo de las Ciencias de la Salud, mientras que a las dos instituciones con una sólida reputación se les niega dicha posibilidad.

También han destacado que, aunque se ha informado rápidamente sobre los títulos aprobados por la Agencia para la Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) en las universidades públicas, no se dispone de información similar sobre las universidades privadas. Critican la "ocultación deliberada" de estos datos, señalando que no hay justificación para tal falta de transparencia.

En conclusión, las universidades públicas andaluzas argumentan que el actual rumbo de las políticas educativas nos lleva hacia un modelo de sociedad en el que el sistema universitario no garantice la igualdad de oportunidades, sino que, por el contrario, refuerce las desigualdades sociales existentes. También cuestionan la eficacia de la Accua, advirtiendo que su funcionamiento inadecuado ha conducido a situaciones injustificables.

Como resultado de la demora en la evaluación y la gestión de la Consejería, cerca de 800 estudiantes se han preinscrito en el Grado de Ingeniería Biomédica, lo que ha generado una crisis sin precedentes respecto a la validez de los títulos durante la primera fase de asignación ordinaria.

Finalmente, las universidades han instado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a colaborar de manera efectiva con las instituciones para abordar urgentemente los serios problemas de funcionamiento que afectan tanto a la Accua como al Distrito Único Andaluz. Este es un reclamo que han formulado tanto las comunidades universitarias como la sociedad andaluza desde hace tiempo.