SEVILLA, 14 de octubre. El abogado penalista José Antonio Sires, del despacho 'Sires Abogados', se prepara para presentar este miércoles a las 12:30 horas una denuncia en los juzgados de Instrucción de El Prado, Sevilla. La denuncia está dirigida contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presuntos delitos relacionados con la muerte de un hombre de 86 años, quien padecía cáncer de mama y no recibió el tratamiento adecuado por parte de la sanidad pública de la región, llegando incluso a perder pruebas cruciales para el seguimiento de su enfermedad.

Según un comunicado del bufete, el paciente, originario de Garrucha en Almería, fue diagnosticado en 2005 con un carcinoma de mama izquierdo. Este diagnóstico llevó a un tratamiento quirúrgico en Madrid, donde residía, que incluyó una mastectomía y vaciamiento axilar. Se trataba de un tumor hormonodependiente, una clasificación habitual en casos de cáncer de mama masculino.

Después de jubilarse en 2011, el hombre se trasladó a Garrucha y fue integrado al Servicio Andaluz de Salud. A pesar de su historial médico, únicamente recibió atención por dolencias menores y no se le realizó un seguimiento oncológico ni pruebas de control adecuadas.

En octubre de 2024, el paciente fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa debido a malestar general y cistitis persistente, donde se le descubrió un derrame pleural masivo en el lado derecho. Los servicios médicos cometieron serias omisiones, ya que no se llevó a cabo un diagnóstico diferencial apropiado a pesar de los antecedentes oncológicos evidentes, ni se solicitó la evaluación por parte del departamento de Oncología o un comité multidisciplinario, violando las pautas asistenciales establecidas.

El bufete afirma que se descartó erróneamente una posible reaparición del cáncer de mama, atribuyendo los síntomas a un supuesto cáncer de pulmón no confirmado. Esta decisión impidió al paciente acceder a un tratamiento hormonal paliativo que podría haber ralentizado la progresión de la enfermedad y extendido su vida. Además, se perdió una muestra de líquido pleural extraída, lo que imposibilitó una confirmación del diagnóstico metastásico.

El paciente falleció el 25 de julio de 2025, y su familia ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra la Junta de Andalucía, a la que señalan como responsable de un seguimiento inadecuado de su enfermedad. Sostienen que, aunque el hombre no estaba en el programa de detección de cáncer de mama por su edad, el SAS tenía el deber de proporcionarle atención médica a lo largo de su vida, tomando en cuenta los antecedentes desde 2005.

José Antonio Sires considera que los hechos son susceptibles de enmarcarse legalmente en un posible delito de homicidio imprudente por omisión, conforme al artículo 142 del Código Penal. Argumenta que la muerte se debe a una falta de cumplimiento de un deber, estableciendo un vínculo causal entre la omisión y el fallecimiento del paciente.

Asimismo, se identifican otros delitos, como el de omisión del deber de prestar servicios sanitarios, según el artículo 196 del Código Penal, por parte de aquellos que debían ofrecer atención médica y no lo hicieron, a pesar de conocer los riesgos graves para la vida del paciente. Además, se considera un delito de dejación de funciones del servicio público, conforme al artículo 409, por la falta de supervisión y organización en la atención sanitaria.