Adamuz: el alcalde expresa solidaridad con Urda mientras la investigación de la tragedia sigue abierta

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha manifestado su solidaridad con los municipios afectados por el choque entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo), con al menos 30 fallecidos según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Las declaraciones coinciden con los nueve meses transcurridos desde el accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos.

El regidor cordobés ha explicado que el suceso le ha hecho revivir la tragedia de su municipio. Ha enviado mensajes de apoyo al presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, y al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, y se ha ofrecido a colaborar. Según sus palabras, no ha optado por llamarles, al considerar que están recibiendo un volumen elevado de comunicaciones. El Ayuntamiento prepara además un comunicado institucional de pésame.

Más allá de la dimensión humana, el episodio pone de relieve la dificultad que tienen los pequeños municipios por los que transcurren las líneas de alta velocidad para gestionar emergencias de esta magnitud. La experiencia de Adamuz ha convertido a su consistorio en una voz de referencia sobre el aislamiento de las víctimas y la coordinación con las administraciones.

En el caso cordobés, la investigación judicial continúa abierta en el Tribunal de Instancia de Montoro por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, sin investigados por el momento. La jueza ha citado para el 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe y a peritos para acceder a las cajas negras de ambos trenes, cuyo análisis se ha visto condicionado por cuestiones técnicas y administrativas.

La línea principal de investigación apunta a la rotura de un raíl o de una soldadura de la vía 22, horas antes del descarrilamiento. Dos laboratorios analizan el balasto y las traviesas de la zona, y los peritos judiciales estiman entregar su dictamen a principios de 2027. Mientras tanto, la asociación de víctimas ha pedido la interrupción temporal del tráfico ferroviario hasta contar con una certificación técnica que garantice la seguridad del sistema, una petición que las administraciones aún no han atendido.

El caso de Adamuz, y ahora la repetición de tragedias similares en otras provincias, sitúa en el centro del debate la supervisión de la red, la detección de fallos en la superestructura y la transparencia en la investigación. La evolución del dictamen pericial y las decisiones que adopten Adif y el Ministerio de Transportes marcarán en los próximos meses la respuesta institucional a estas exigencias.