SEVILLA, 9 de julio.

En el marco de la sesión plenaria que se celebra hoy en el Parlamento andaluz, el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha manifestado su oposición a la designación de Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo responsable de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). Argumentan que su elección responde a un acuerdo entre Vox y el Partido Popular, lo que, en su opinión, socava la independencia de esta importante entidad.

Los miembros de Adelante Andalucía han expresado su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la Oficina Antifraude, instando a que este proceso de designación carece de consenso con las fuerzas políticas opositoras. Según afirman, esta decisión podría resultar fatal para un organismo que apenas ha comenzado a establecerse y que tiene la crucial responsabilidad de combatir el fraude en el ámbito del gobierno andaluz.

Begoña Iza, representante del grupo opositor, ha subrayado que el Partido Popular parece manejar el Parlamento como un "chiringuito", donde se toman decisiones unilaterales, sin la debida consideración hacia las inquietudes de otros partidos. La parlamentaria ha criticado la falta de disimulo en cuanto a su mayoría absoluta, señalando que esto provoca un debilitamiento de las instituciones democráticas.

Iza también ha planteado serias dudas sobre la legitimidad de Sánchez Zamorano para liderar la OAAF, cuestionando su designación por ser una "persona puesta a dedo". La función del organismo es esencial para garantizar la transparencia y la legalidad en la Junta de Andalucía, lo que acentúa la controversia sobre su liderazgo.

La parlamentaria ha reflexionado sobre las implicaciones de la elección de un nuevo director que podría estar más alineado con los intereses del partido en el poder que con los principios de independencia y transparencia que deberían regir la oficina. Enfatizó que esta es una táctica del PP para desviar la atención de sus propios problemas de corrupción, especialmente en un momento en que hay investigaciones abiertas en varios juzgados de Cádiz y Sevilla. Al actuar así, el Partido Popular parece más interesado en protegerse a sí mismo que en asegurar un control efectivo de la legalidad.