SEVILLA, 18 de octubre. La Fiscalía Superior de Andalucía ha reportado en su reciente memoria que durante el año 2024 se han abierto 75 expedientes relacionados con casos de acoso escolar, un procedimiento penal que se activa cuando un menor de entre 14 y 18 años es acusado de algún delito. La mayor parte de estos expedientes, 62 en total, se han registrado en Málaga, seguidos por los 6 de Cádiz, 4 de Jaén y 3 en Huelva. Es notable que en la provincia de Sevilla no se ha documentado ningún caso, a pesar de que el 15 de octubre una joven del colegio concertado Las Irlandesas Loreto, quien había alertado sobre su situación de bullying, perdió la vida de manera trágica.

La memoria, que ha sido presentada ante los medios por Europa Press, indica que "la mayoría de los expedientes se resuelven a través de soluciones extrajudiciales". En el balance correspondiente a 2023, la Fiscalía mostró su inquietud respecto a esta problemática social que afecta a la comunidad educativa.

En relación con el lamentable suceso en Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha señalado que el Colegio Irlandesas Loreto no activó los protocolos de actuación previstos para el acoso escolar ni para las conductas autolíticas, lo que es un requerimiento de la legislación vigente. Asimismo, anunció que se enviará toda la información a la Fiscalía y se abrirá un expediente administrativo para investigar posibles responsabilidades en este caso.

La Junta de Andalucía ha defendido la efectividad de los protocolos implementados para enfrentar problemas de acoso escolar, señalando que durante el curso 2022/2023 se activaron 2.700 protocolos en el sistema público Séneca, de los cuales más de 500 fueron confirmados como casos de acoso real.

Según el protocolo vigente, cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que pueda ser considerada acoso debe notificarlo a un profesor, tutor o a la dirección del centro. Esto asegura que la información sea tratada de manera adecuada y que se tomen las medidas necesarias en caso de que se confirme la existencia de acoso.

El protocolo estipula que ante la sospecha de acoso, el equipo directivo se reunirá con los tutores de los alumnos afectados y los orientadores del centro para recopilar y analizar la información, así como para decidir sobre las intervenciones necesarias. Todas las reuniones deben ser documentadas por escrito, y en situaciones consideradas como acoso se comunicará al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Si se determina que es necesario proteger a la víctima, se implementarán medidas urgentes para garantizar su seguridad, así como apoyo y ayuda específicos, y acciones cautelares para el presunto agresor.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio para evaluar el funcionamiento del protocolo contra el acoso escolar a raíz del trágico suceso de la menor en Sevilla. La Defensoría ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha enfatizado la importancia de actuar de manera preventiva frente a indicios de acoso y violencia. "Es imprescindible que los protocolos funcionen efectivamente", ha subrayado.