Detenido en Granada por agresiones sexuales durante permisos penitenciarios
Detenido en Granada un hombre de 55 años por agresiones sexuales y robos durante permisos penitenciarios, tras múltiples incidentes en dos meses.
La Policía Nacional arrestó en Granada a un hombre de 55 años, en régimen de tercer grado, acusado de múltiples delitos sexuales y robos con violencia. Los hechos ocurrieron en un período de dos meses, aprovechando sus permisos penitenciarios.
El detenido, con un historial delictivo que data desde 1991, ha sido vinculado a al menos tres agresiones distintas en la ciudad, todas ellas en horarios nocturnos y con modus operandi similar. La investigación revela que en todos los casos, el agresor accedía a los portales de las viviendas de sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, bajo la amenaza con objetos punzantes, y en algunos casos, con agresión sexual.
Estos sucesos ponen de manifiesto las dificultades del sistema penitenciario para controlar a ciertos perfiles de delincuentes peligrosos que, incluso en permisos de libertad condicional, reinciden en conductas delictivas graves. La justicia ha aplicado condenas que suman más de un siglo de prisión, aunque la reincidencia en permisos facilita la comisión de delitos.
Este caso reabre el debate sobre la gestión del régimen de tercer grado y la evaluación de riesgos en la libertad condicional, especialmente para delitos de violencia sexual. La política penitenciaria en Andalucía y en el conjunto del Estado ha sido objeto de críticas por la percepción de insuficiente control sobre ciertos perfiles peligrosos.
Desde el ámbito político, se exige una revisión de los protocolos que permiten permisos penitenciarios, para evitar que delincuentes reincidentes puedan volver a cometer delitos graves. La comunidad local y las víctimas demandan mayor protección y medidas más estrictas para perfiles con antecedentes de violencia sexual.
Este incidente evidencia la necesidad de un análisis profundo y una revisión de las políticas penitenciarias, con un enfoque en la prevención y la protección de la ciudadanía. La tendencia hacia una mayor judicialización y controles más rigurosos en permisos podría marcar un cambio en la política penitenciaria en Andalucía y en toda España en los próximos años.