Andalucía se encuentra en una situación alarmante en cuanto a delitos cibernéticos, con más de 22.000 casos registrados durante el primer semestre del año, lo que representa un 18% del total nacional. Estos datos, proporcionados por el Gobierno, destacan la creciente problemática de la cibercriminalidad en la región.

En este contexto, Jorge Coronado, un experto informático y fundador de la empresa Quantika14, ha señalado que el reciente hackeo de la plataforma educativa Séneca, donde se manipularon calificaciones, no es un evento aislado. Coronado ha enfatizado que la Junta de Andalucía presenta "graves deficiencias de seguridad" en su sistema de gestión.

La detención de un individuo en Sevilla, relacionada con el acceso no autorizado a cuentas de profesores en Séneca, es el resultado de una investigación realizada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén. Este acontecimiento, denominado operación Drawer, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la plataforma educativa.

Un profesor del IES San Juan Bosco de Jaén fue el encargado de alertar a las autoridades tras percibir irregularidades en las calificaciones, lo que llevó a descubrir que hasta 13 docentes de diferentes universidades andaluzas, incluidos algunos responsables de las pruebas de Selectividad 2025, habían visto comprometidos sus accesos.

Coronado ha subrayado que la identificación del sospechoso se debió a “errores que dejaron pistas”, y ha expresado su convicción de que existen muchas otras personas mediante las cuales también se están llevando a cabo alteraciones en Séneca. Esta problemática, según él, no es nueva y ha estado presente durante años.

El especialista ha criticado la falta de conciencia entre los profesores sobre la ciberseguridad, apuntando que no parece ser un problema generacional, ya que históricamente ha habido un desinterés por la adopción de medidas de seguridad adecuadas. Muchos docentes no actualizan sus contraseñas ni implementan la autenticación de doble factor, y, cuando se proponen nuevas medidas de protección, suelen manifestar descontento, lo que lleva a las autoridades a disminuir las restricciones.

Coronado ha señalado que la plataforma Séneca es vulnerable “como muchas otras administraciones” y ha concluido que la carencia de seguridad se debe no solo a la infraestructura técnica, sino también a la falta de interés y conciencia de los funcionarios involucrados en la seguridad digital.

Durante la operación, se registró el domicilio del detenido en Sevilla, donde se incautaron diversos dispositivos informáticos utilizados para llevar a cabo los delitos, junto con un cuaderno que contenía anotaciones sobre las calificaciones alteradas, lo que indicaría una planificación previa de las acciones delictivas.

Según el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2025, Andalucía ha sido la comunidad más afectada por ciberdelitos en el país, con un total de 22.009 casos, lo que representa un significativo 18,10% del total de delitos registrados a nivel nacional, que asciende a 121.579.

Sevilla lidera en cifras de ciberdelitos con 5.779 casos, lo que supone un incremento del 17,4%, seguida de Málaga, que reporta 4.704, y Cádiz, que llega a 3.355 delitos, mostrando una pequeña disminución.

De todos los delitos cibernéticos detectados por las fuerzas de seguridad, el 86,64% corresponden a estafas informáticas, un delito que ha experimentado un leve aumento del 0,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, la cibercriminalidad ha mostrado cifras alarmantes en este primer trimestre, con 121.579 violaciones legales, constituyendo el 20,6% de todos los delitos registrados en el país. Aunque se observó un ligero descenso del 1,2% en relación al año anterior, la tasa de delitos se sitúa en 9,5 por cada mil habitantes.

Las estafas digitales continúan destacándose como el tipo de delito más común en el entorno cibernético, con 106.801 infracciones en los primeros meses del año, representando el 87,8% de toda la cibercriminalidad y el 18,1% del total de delitos en el país.

A pesar de una ligera disminución del 3,5% en comparación con 2024, la evolución de estos delitos es preocupante, ya que se ha pasado de 70.178 casos en 2016 a 412.850 en 2024, lo que demuestra un alarmante aumento acumulado del 488,3% en apenas nueve años.