El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía (Coima) ha manifestado su apoyo a la proposición de una nueva Ley de Montes para la comunidad, argumentando que la legislación vigente desde 1992 no responde a las necesidades actuales tras más de tres décadas de cambios socio-ambientales significativos. Ana Warleta, representante de Coima, enfatiza la importancia de que la normativa andaluza esté en sintonía con las leyes nacionales.

En declaraciones realizadas a Europa Press, Warleta ha expresado que el propósito principal de este nuevo marco normativo es revitalizar y mejorar la rentabilidad de las actividades forestales. Considera que un enfoque más dinámico y eficaz es necesario para que los montes se conviertan en espacios productivos, generando empleo y riqueza a partir de sus recursos.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, dio a conocer el 21 de agosto en Huelma (Jaén) que el anteproyecto de Ley de Montes será sometido a debate en el Parlamento andaluz en septiembre, con el objetivo de que esté implementado a inicios de 2026.

Este nuevo marco legal apunta a fomentar la propiedad privada, simplificar la burocracia en la gestión forestal y desarrollar el sector como una base de empleo que afiance a la población en el medio rural. Entre sus metas se incluye la consolidación del Catálogo de Montes de Andalucía.

Warleta ha alertado sobre el abandono de terrenos forestales en los últimos años y ha subrayado la importancia de reactivar los montes, especialmente los privados, que representan aproximadamente el 70% del área forestal en Andalucía. La nueva legislación propone un enfoque que promueva la rentabilidad a través de diversas actividades, como la recolección de corcho, pastos, setas y biomasa.

Según la portavoz de Coima, los montes andaluces tienen potencial para convertirse en motores económicos claves, contribuyendo no solo a la economía local, sino también a la lucha contra los incendios forestales y la despoblación en las áreas rurales.

Warleta aclara que el nuevo marco no compromete la conservación de los montes; al contrario, sostiene que es imprescindible que exista actividad económica para asegurar su preservación. Así, la ley busca fomentar el desarrollo de prácticas que beneficien tanto la economía como la conservación.

La normativa contempla, en su artículo 117, subvenciones para actividades de gestión forestal sostenible que cumplan con el Plan Forestal Andaluz, haciendo especial énfasis en las que se desarrollan en áreas con riesgo extremo por incendios y que promuevan el empleo rural. Por otro lado, el artículo 118 establece incentivos fiscales para propietarios de terrenos forestales.

Además, el artículo 116 introduce incentivos por los servicios ambientales, facilitando la creación de acuerdos entre propietarios y terceros para maximizar el valor de los recursos forestales, sin necesariamente calificar estos acuerdos como aprovechamiento forestal.

El anteproyecto busca desburocratizar la gestión forestal en Andalucía, diseñando trámites administrativos que no generen demoras innecesarias, así como promoviendo la agilización de procesos en terrenos privados, algo que Warleta considera esencial para combatir el abandono y optimizar la gestión.

Para garantizar la eficiencia en estos procedimientos, se ha ideado un sistema electrónico que permita gestionar plazos de forma rápida y eficaz. Este incluirá herramientas como el Sistema de Información Geográfico Forestal de Andalucía y un Registro Andaluz de Empresas y Cooperativas Forestales.

La ley, según concluye Warleta, debe enfocarse en maximizar las oportunidades de Andalucía para generar recursos a partir de sus montes, promoviendo la conservación, la creación de empleo rural y la prevención de incendios, aprovechando la riqueza que la región posee en recursos forestales.