SEVILLA, 28 de enero.

El Gobierno de Andalucía ha señalado que la región está perdiendo un total de 2.234 millones de euros tras el reciente fracaso en el Congreso de los Diputados de la convalidación del controvertido decreto ómnibus. Este decreto incluía elementos fundamentales para la actualización de las entregas a cuentas que son claves para la financiación de la comunidad autónoma.

Si bien el Ejecutivo central había estimado que la pérdida se limitaba a 1.800 millones de euros, la Junta de Andalucía ha presentado un análisis más exhaustivo que incluye la falta de actualización en las entregas programadas para el año 2025. De este modo, la cifra divulgada por la Junta busca ilustrar la magnitud del impacto que esta decisión tiene sobre las arcas andaluzas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, subrayó que la cifra oficial presentada por el Gobierno no reflejaba la realidad de la situación. "El Gobierno hablaba de 1.800 millones, pero no había incluido la actualización hasta 2025", afirmó, destacando así la omisión de un dato esencial en el análisis gubernamental.

La consejera advirtió que "185 millones al mes no estamos recibiendo debido a la falta de actualización en las entregas a cuenta", lo que, según ella, representa una carga financiera que debe asumir la hacienda autonómica. "Estamos adelanto a pulmón esa financiación", añadió, enfatizando que esos recursos son "de los andaluces, que nos corresponde y nos pertenece".

Carolina España también recordó que el pasado año se atravesó una situación similar, en la que la Junta tuvo que esperar meses para recuperar 900 millones de euros que fueron retenidos, explicando que “150 millones de euros cada mes durante seis meses” se tuvieron que reclamar antes de que se realizaran los pagos correspondientes en septiembre.

La consejera también hizo hincapié en la falta de revisión de las entregas a cuentas, vinculando esta problemática con la recaudación tributaria del Estado. En un comentario crítico hacia la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugirió que no es coherente "venir cada fin de semana a presumir de andalucismo", y a la vez dirigirse a Madrid para defender a figuras como Puigdemont, mientras se retiene el dinero que le pertenece a Andalucía.

Respecto a la situación económica de la comunidad, la consejera hizo hincapié en que, aunque algunas regiones están enfrentando problemas de liquidez, Andalucía "no es el caso". No obstante, a preguntas de la prensa sobre las implicaciones de la falta de entregas a cuentas actualizadas, se defendió diciendo que la comunidad "está en una buena situación de tesorería", añadiendo, sin embargo, la inquietud sobre cuánto está ganando el Gobierno al retener recursos que legítimamente pertenecen a la comunidad autonómica.

“¿Qué intereses les está generando?”, cuestionó España al referirse al dinero que no está fluyendo hacia Andalucía desde las arcas del Estado.

La consejera hizo hincapié en que la reducción de recursos económicos para las comunidades autónomas tiene un impacto directo en los ciudadanos, afectando la calidad de los servicios públicos. Señaló que el Ministerio cuenta en la actualidad con “28.000 millones de euros más” gracias a la recaudación tributaria, criticando que esos fondos estén siendo retenidos en lugar de ser distribuidos entre las comunidades Autónomas. “Con el dinero de las entregas a cuenta de la recaudación tributaria, nadie nos regala nada, es nuestro, de los andaluces”, recalcó.

Finalmente, Carolina España describió la no convalidación de dicho decreto ley como un "estrés innecesario" para los ciudadanos, afirmando que este escenario refleja “la peor versión de la política”. A modo de conclusión, instó a que se encuentre una solución a este problema a través de decretos separados que permitan regular adecuadamente la situación.