SEVILLA, 23 de octubre.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, se pronunció el pasado jueves en defensa de los protocolos actuales que tiene la Administración para abordar y prevenir el acoso escolar, asegurando que han demostrado su eficacia. En su declaración, enfatizó que el acoso no es únicamente un reto que enfrentan las escuelas, sino un asunto que requiere la implicación de todos los sectores, incluyendo partidos políticos, la comunidad educativa y los medios de comunicación, los cuales, según ella, han hecho del trágico suicidio de Sandra Peña un tema de discusión constante en las últimas semanas. Sandra, cuya familia denunció sus experiencias de acoso, era estudiante en el colegio concertado Irlandesas Loreto.

Durante una sesión en el Parlamento, Carmen Castillo respondió a las críticas planteadas por los grupos de Por Andalucía y el PSOE, reafirmando que todos los casos de acoso escolar son rigurosamente supervisados por la Inspección educativa. La consejera reiteró que su departamento está implementando diversas medida, aludiendo a las 221 actividades formativas llevadas a cabo que han beneficiado a alrededor de 9,000 docentes en la región.

La consejera también subrayó que el acoso escolar solía limitarse al horario escolar, indicando que no se puede responsabilizar a los colegios por lo que suceda fuera de este tiempo. Aunque no se refirió directamente a las redes sociales, hizo eco de las observaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha instado a las plataformas tecnológicas a restringir el acceso a los menores que se dediquen al acoso reiterado, sugiriendo que deberían tener prohibida su utilización hasta los 18 años.

Por otro lado, el grupo de Por Andalucía criticó firmemente a la Junta, argumentando que "el sistema actualmente no opera como debería" y que los protocolos llegan tardíamente, ejemplificando con el caso de Irlandesas Loreto, donde, a pesar de las alertas de la familia Peña, no se activaron los mecanismos correspondientes. Este caso está bajo revisión de la Fiscalía Superior de Andalucía, y el grupo enfatizó que la respuesta de la Administración fue inadecuada: "La ignorancia fue la respuesta dada", manifestaron, expresando su tristeza y frustración por lo sucedido. También emplazaron a la Junta a dejar de lado la “propaganda” y abordar con seriedad esta problemática.

Por su parte, el PSOE exigió a la consejera Castillo que "no haga caso omiso" a las críticas y le reprochó la falta de recursos y financiamiento para que los protocolos realmente sean efectivos. Afirman que Andalucía está "consternada y alarmada" por lo ocurrido en el caso de Sandra Peña y cuestionaron si hay un control efectivo por parte de la Inspección respecto a los casos de acoso denunciados o si existen estadísticas que reflejen los protocolos activados cada curso escolar. "Esto no puede volver a suceder", concluyó el PSOE.

En su comparecencia, la consejera de Educación puntualizó que desde 2019 se ha duplicado el número de instituciones educativas que participan en programas destinados a mejorar la convivencia en las aulas, aumentando de 3,214 a 6,483 centros.

La consejera insistió en que Andalucía dispone de una "amplia gama de políticas y herramientas" que permiten fortalecer el sistema educativo en términos de prevención del acoso escolar. Añadió que es primordial trabajar para mejorar la convivencia en las aulas, independientemente de que se registre un caso de acoso. Según Castillo, las medidas implementadas están comenzando a mostrar resultados positivos.

Castillo también señaló que el acoso escolar y ciberacoso son realidades que trascienden el ámbito escolar, enfatizando la necesidad de una concienciación social que involucre a todos. Afirmó que los protocolos actuales son efectivos debido a que han sido elaborados por expertos, incluyendo orientadores y psicólogos.

La Consejería se ha comprometido a actualizar continuamente los enfoques utilizados para abordar situaciones de riesgo, como lo demuestra la modernización del protocolo en 2017 para abarcar el ciberacoso, así como la introducción en 2023 de medidas para prevenir conductas autolesivas.

Junto a programas reconocidos como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se han añadido nuevas iniciativas desde 2020, como ConRed para combatir el acoso y el ciberacoso, y Fénix, un programa de mentoría social iniciado en 2022. Se ha introducido también el ADA (Alumnado Ayudante Digital Andaluz) en el mismo año, con el objetivo de sensibilizar y prevenir el acoso escolar mediante un enfoque proactivo, involucrando a los propios alumnos en la vigilancia y apoyo ante posibles situaciones de riesgo.

En relación a los resultados de estos programas, Castillo subrayó que cuando se aplican los protocolos, estos tienden a ser efectivos, evidenciado por el hecho de que muchos casos de acoso se resuelven dentro del entorno escolar. Además, se está trabajando en simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la mejora de la convivencia, lo que aumentará la eficiencia de los mismos. Por último, destacó el esfuerzo llevado a cabo en la formación de cerca de 9,000 docentes en temas de prevención del acoso y ciberacoso, así como en ciberseguridad y bienestar escolar.