El respaldo estatal a la deuda regional podría favorecer principalmente a Andalucía y Cataluña, sometiéndose aún a la aprobación de las Cortes Generales.

MADRID, 31 de agosto.

El Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo proyecto de ley este martes que permitirá al Ministerio de Hacienda hacerse cargo de hasta 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por las comunidades autónomas. Se estima que tanto Andalucía como Cataluña serán las más beneficiadas, con el Estado asumiendo 18.791 millones de euros en el caso de Andalucía y 17.104 millones para Cataluña, lo que representa más del 43% del total destinado a esta iniciativa.

Este avance legislativo es el resultado de un acuerdo previo entre el PSOE y ERC que busca reducir la carga de deuda de Cataluña, permitiendo que otras comunidades autónomas también puedan solicitar un alivio similar.

En febrero, Hacienda publicó los criterios que determinarán cuánto de la deuda de cada comunidad será asumido por el Estado. La ministra María Jesús Montero enfatiza que, a pesar de este esquema, la decisión final depende de cada gobierno regional, que tiene la opción de aceptar o rechazar esta oferta.

Después de Andalucía y Cataluña, otras regiones también se beneficiarán, incluyendo la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, la Comunidad de Madrid con 8.644 millones y Castilla-La Mancha con 4.927 millones, entre otras. En total, se identifican diversas comunidades que recibirán importantes cantidades, exceptuando a Euskadi y Navarra, que no están dentro del régimen común y ya han solicitado ser compensadas de manera similar a través de sus sistemas forales.

PROCESO LEGISLATIVO EN MARCHA

La intención del Gobierno es avanzar con la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de remitirlo a las Cortes Generales, donde iniciará su proceso legislativo. En una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en febrero, esta propuesta obtuvo el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, mientras que las regiones del PP decidieron abandonar la reunión sin votar.

El Ejecutivo interpretó esta ausencia de voto como un tipo de abstención, creyendo que los partidos del PP finalmente se verían obligados a aceptar esta medida si se aprueba, a pesar de sus críticas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aún no tiene garantizados todos los respaldos necesarios para el trámite legislativo, ya que algunos aliados, como Junts, han expresado reservas respecto a que esta medida se extienda a todas las comunidades.

METODOLOGÍA EN TRES ETAPAS

La ministra Montero ha explicado que la metodología de cálculo consiste en tres fases. La primera analiza la diferencia del endeudamiento entre finales de 2009 y finales de 2013, comparándolo con el periodo entre finales de 2019 y finales de 2023, resultando en una condonación promedio del 19% de la deuda total autónoma vigente a 2023.

En una segunda fase, se prevé una condonación adicional para aquellas comunidades que están por debajo del promedio del 19,3% de deuda condonada. Montero señala que esto busca mitigar la sensación de desventaja que pueden experimentar algunas regiones en comparación con otras.

Finalmente, en la tercera fase, se implementan dos ajustes para lograr una “mayor equidad”. Esto incluye identificar la comunidad que recibe la mayor condonación per cápita —en este caso la Comunidad Valenciana— y elevar la condonación para otras regiones que hayan recibido menos financiación por habitante ajustado. Además, se brindará condonaciones extra a las comunidades que han aumentado los tipos del IRPF entre 2010 y 2022, con condiciones específicas según su desempeño en relación a la media.