Qué hay detrás de la multa de la Junta a la empresa de comedores escolares de Córdoba
La Junta propone multar a la empresa de comedores escolares de Córdoba por 21 irregularidades y abre 28 expedientes en otras provincias andaluzas.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha propuesto multar a la empresa adjudicataria del servicio de catering de los comedores escolares de Córdoba tras detectar 21 irregularidades en distintos centros de la provincia. Además, la administración ha abierto 28 expedientes informativos en otras provincias andaluzas, a raíz de las quejas presentadas por familias.
El origen del caso está en septiembre, cuando la Agencia Pública Andaluza de Educación tuvo conocimiento de incidencias relacionadas con el menú servido en el comedor de tres centros educativos. A partir de ahí se abrió un expediente informativo, que después derivó en un expediente sancionador. La fase actual es una propuesta de sanción, que la empresa puede recurrir mediante alegaciones.
El pliego de contratación establece que cada irregularidad sancionada puede acarrear una multa de hasta el 10% del precio del contrato. El importe total de las sanciones, sin embargo, no puede superar el 50% de ese precio. Es decir, existe un techo claro que limita el alcance económico de la penalización.
El delegado de Educación en Córdoba, Diego Copé, ha subrayado el compromiso de la Junta de exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de garantizar un servicio de calidad. Según sus declaraciones, la empresa debe presentar un plan de actuación para evitar que las incidencias se repitan, y mantiene reuniones con la administración para ello.
La Consejería ha pedido también al programa Evacole, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, una evaluación presencial de los comedores. El objetivo es comprobar la calidad de la oferta alimentaria, dentro de la colaboración habitual entre ambos departamentos. Este dato sitúa el asunto en el terreno de la salud pública, más allá de lo meramente contractual.
El caso plantea una cuestión de fondo sobre la fiscalización de los servicios externalizados en la educación pública. La Junta impulsa además una comisión de seguimiento que evaluará periódicamente el funcionamiento de los comedores, con participación de familias y centros. Queda por ver si este modelo de control consigue prevenir incidencias o si se limita a responder a las quejas una vez producidas.