SEVILLA, 30 de octubre. La titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, ha manifestado este jueves su firme intención de utilizar todas las medidas legales a su disposición para obligar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a proporcionar información sobre el estado actual de los programas de detección del cáncer de mama. Según la ministra, en Andalucía se ha perdido el control sobre estos datos debido a la fragmentación del sistema de salud pública impulsada por políticas de privatización. “Los datos deben ser entregados”, afirmó García.

La ministra subrayó que los datos relacionados con los cribados no pertenecen a personalidades políticas como Ayuso, Moreno o Mazón, y no deben ser utilizados como herramientas de retención por parte del PP. García argumentó que el Ministerio de Sanidad tiene la responsabilidad de recuperar la confianza en los procesos de cribado, la cual, a su juicio, se ha visto deteriorada.

En un encuentro con la asociación Amama, que ha señalado las deficiencias en el sistema de cribado del cáncer en Andalucía, García expuso que su Gobierno continuará presionando para obtener la información necesaria que permita esclarecer los fallos en el sistema. Destacó que algunas mamografías, que deberían haber llevado a pruebas diagnósticas adicionales, no estaban siendo comunicadas adecuadamente a las pacientes, lo cual es motivo de gran preocupación.

“Las mamografías son imprescindibles; el sistema de salud pública es esencial y el bienestar de las mujeres debe ser prioridad. La recopilación de estos datos trasciende cualquier interés político del PP”, declaró la ministra, lamentando que los programas de cribado, que habían estado funcionando durante años, fallaron en la identificación de lesiones en Andalucía, a lo que calificó de negligencia y falla estructural del sistema.

García enfatizó que la situación es preocupante, ya que estas deficiencias se habían venido denunciando desde hace tiempo y se sabía por parte de las autoridades. La ministra también hizo referencia a incidentes en los que pruebas aparentemente desaparecieron del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud, y que aunque fueron restauradas después, presentaban alteraciones respecto a las originales. “Esto es inaceptable en cualquier circunstancia. Necesitamos esclarecer cómo se interrumpió el proceso de detección”, concluyó con firmeza.