El Ministerio de Sanidad ha hecho público su informe correspondiente al periodo 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que no solo revisa la situación actual de este servicio en el sistema sanitario público, sino que también pone de manifiesto notables disparidades entre distintas comunidades autónomas, destacando que en Andalucía únicamente un 0,2% de los abortos se realizan en centros públicos.

Por el contrario, algunas regiones como Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña superan en gran medida el umbral del 50% de intervenciones llevadas a cabo en instituciones públicas, marcando una clara diferencia en el acceso a este tipo de atención sanitaria.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado en una conferencia posterior al Consejo de Ministros la importancia de que la IVE se realice en el sistema público de salud. Según García, esto no solo evita que se utilicen fondos públicos para pagar a clínicas privadas, sino que también garantiza que las mujeres no sean empujadas fuera del sistema sanitario, asegurando su derecho a elegir. "Es esencial proteger la libertad de elección de las mujeres", apuntó.

El informe no se limita a analizar los abortos en Andalucía, sino que también revela datos sobre otras comunidades autónomas: Baleares registra un 45,4%, Canarias un 28,6%, y las cifras continúan descendiendo en regiones como Castilla y León (15,5%) y Madrid (0,5%), entre otras. Algunas zonas como Castilla-La Mancha, Extremadura, así como Ceuta y Melilla, no registran interrupciones en centros públicos.

El estudio señala que cerca del 80% de los abortos en España son realizados en clínicas privadas, subrayando que una mejora en las cifras de Madrid y Andalucía podría representar un cambio fundamental en el acceso a la IVE en todo el país. "Juntas, estas dos comunidades representan casi el 40% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo", añadió García.

A lo largo de 2024, España ha visto la realización de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales solo 22.563 se llevaron a cabo en centros públicos. Esta proporción refleja un aumento significativo en comparación a años anteriores, mostrando un creciente acceso a la red pública que antes era considerablemente menor.

El método farmacológico se ha convertido en la opción predominante en las comunidades donde se registran más intervenciones en centros públicos, lo que contrasta con regiones como Andalucía y Madrid, donde el aborto quirúrgico sigue siendo la norma. Esto sugiere que la disponibilidad de servicios y métodos puede influir en la experiencia de las mujeres que buscan esta atención.

El informe también destaca cómo el modelo de atención afecta el acceso a los servicios, y cómo la falta de disponibilidad en el sistema público puede privar a las mujeres de su autonomía a la hora de decidir. "Es urgente garantizar que todas tengan acceso equitativo a la IVE", afirmó la ministra.

Asimismo, se advierte que mantener el aborto fuera del sistema público provoca una "doble privatización". Esto no solo coloca el aborto en el ámbito privado, sino que desvincula esta atención de la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, lo que puede perpetuar estigmas y limitar la visibilidad de este servicio vital.

La falta de un sistema claro dentro de la sanidad pública también introduce obstáculos para las mujeres, que se ven obligadas a salir de su entorno sanitario habitual para poder obtener la atención que requieren, lo que afecta negativamente a su salud y bienestar.

Por último, el informe revela una disparidad entre la información recibida y la práctica real: muchas mujeres son informadas sobre sus derechos en centros públicos, pero el acceso a los procedimientos a menudo se realiza en clínicas privadas. García subrayó que tanto la centralización como la descentralización ofrecen sus propios desafíos y oportunidades, y se necesita un enfoque equilibrado para abordar estas cuestiones.

A pesar de que no existen sistemas perfectos, el informe señala que hay "incoherencias" que deben ser corregidas para asegurar un sistema de salud nacional que responda de manera integral a las necesidades de salud sexual y reproductiva. Se han identificado buenas prácticas que deberían ser promovidas para asegurar la mejor atención posible.

Entre las recomendaciones del informe se incluye la mejora y estandarización de los registros de objetores de conciencia, así como la capacitación de equipos médicos que no se opongan a la prestación de estos servicios, asegurando así un acceso eficaz y público a la IVE en todas las comunidades.

El impulso de la normalización de la IVE, a través de protocolos coherentes y circuitos coordinados, así como la promoción del método farmacológico, son claves para mejorar el servicio. Se enfatiza la necesidad de mecanismos de monitoreo y evaluación que ayuden a brindar una atención de calidad y centrada en el paciente, especialmente en torno a temas de salud sexual y reproductiva con un enfoque de derechos.

En resumen, la ministra concluyó que el desafío actual radica en expandir estas buenas prácticas a las comunidades que aún no han alcanzado los niveles necesarios, con el objetivo de garantizar que todas las mujeres tengan acceso a sus derechos en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.