
SEVILLA, 27 de agosto. El delegado del Gobierno español en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la postura del Ejecutivo central a la hora de abordar la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan al país, asegurando que se están utilizando "criterios objetivos" en este proceso. Según Fernández, estas medidas se implementan de manera uniforme en toda España, sin importar la región.
Las declaraciones de Fernández se producen en respuesta a las críticas provenientes de consejeros de la Junta de Andalucía sobre un Real Decreto-ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Este decreto establece un sistema de acogida para menores migrantes que llegan principalmente de Canarias, Ceuta y Melilla. La Junta de Andalucía anunció que evaluaría la decisión desde un marco legal, lo que ha generado aún más controversia.
El representante gubernamental subrayó que el Gobierno central está comprometido en ofrecer una atención adecuada y humanitaria a los niños y adolescentes que viajan sin compañía y que están en situación de vulnerabilidad. Fernandez enfatizó que este sistema se aplica de forma equitativa en todo el territorio nacional, haciendo alusión a situaciones previas que había enfrentado Andalucía, similares a las que ahora experimenta Canarias.
Fernández refutó las afirmaciones de que la atención a los menores varía entre comunidades autónomas, calificando tales opiniones como "falsas" y señalando que quienes las promulgan actúan con irresponsabilidad. Además, destacó que todo el proceso ha sido orchestrado con una clara transparencia y basado en criterios que han sido comunicados a las comunidades autónomas a través de múltiples reuniones y comisiones convocadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El delegado también lamentó que las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluida Andalucía, no han presentado propuestas concretas durante estas convocatorias, limitándose a una postura de oposición y bloqueo ante las iniciativas del Gobierno central.
En cuanto a los recursos disponibles, Fernández enfatizó que el Gobierno español ha asignado un fondo de 100 millones de euros para cubrir los gastos asociados con la acogida y traslado de estos menores, de los cuales se destinarían aproximadamente nueve millones a Andalucía. Esto contrasta con las quejas de las autoridades andaluzas sobre la falta de recursos para este tipo de atención.
Asimismo, aclaró que es incorrecto que se haya tratado a las comunidades del País Vasco y Cataluña como fronteras, lo que ha llevado a acusar a los dirigentes andaluces de no ser sinceros en su discurso y de utilizar argumentos poco sólidos para justificar su oposición.
Finalmente, Pedro Fernández criticó la aparente contradicción entre las declaraciones de solidaridad de los consejeros y el presidente de la Junta y sus acciones, que parecen contradecir su discurso. Fernández instó a los líderes andaluces a esclarecer sus motivos reales, sugiriendo que sus razones no son coherentes, especialmente al comparar la atención brindada a menores de distintas nacionalidades.
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