En Sevilla, el 29 de agosto, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el Consejo de Ministros llevará a cabo una reunión el próximo martes, donde se aprobará un proyecto de ley que permitirá al Estado hacerse cargo de una deuda que asciende a 83.252 millones de euros, correspondiente a varias comunidades autónomas.

Esta medida se ha gestado tras un pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que busca la condonación de parte de la deuda en Cataluña y que se aplicará a otras comunidades que lo soliciten. Montero ha reafirmado este compromiso en una rueda de prensa durante su visita a GRI Towers, en la Zona Franca de Sevilla.

En sus declaraciones, la ministra destacó la importancia de la iniciativa, indicando que el Consejo de Ministros discutirá un perdón de deuda de aproximadamente 85.000 millones de euros, una cifra sin precedentes en la administración española. Montero subrayó que Andalucía sería la comunidad más favorecida, con un total de 18.791 millones de euros que se condonarían.

Montero no dudó en criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, afirmando que sus declaraciones sobre la mayor condonación de la deuda catalana son engañosas. Según Montero, el Gobierno está comprometido con un tratamiento equitativo para todas las regiones, siendo Andalucía la más beneficiada por esta medida.

La vicepresidenta del Gobierno expresó su sorpresa ante la negativa de Moreno a aceptar esta condonación, planteando la pregunta de cómo podría rechazar una oferta que aligera la carga de la deuda familiar, pues a su juicio, la propuesta debería ser vista como una oportunidad y no como un obstáculo.

Montero insinuó que la postura de Moreno podría derivar de la influencia del Partido Popular, sugiriendo que su resistencia a aceptar el acuerdo se alinea con un enfoque de rechazo sin motivos justificables, que podría perjudicar a Andalucía a largo plazo.

La ministra de Hacienda se mostró optimista, confiando en que tras la aprobación de esta ley, las comunidades reevalúen su posición sobre la condonación de la deuda, la cual genera elevados intereses que impactan tanto en el presente como en el futuro.

En febrero, su ministerio presentó cómo se determinarían las deudas que asume el Estado, aunque cada comunidad autónoma debe decidir si acepta esta propuesta. Andalucía y Cataluña son las que más se beneficiarían, pero otras comunidades, como la Comunidad Valenciana y Madrid, también están en la lista para recibir condonaciones significativas.

Es importante mencionar que Euskadi y Navarra no están incluídas dentro de este sistema común, aunque ya han manifestado su deseo de ser consideradas para compensaciones similares a través de sus propios términos forales.

Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley, se enviará a las Cortes Generales para su consideración legislativa. En un encuentro previo sobre política fiscal, el Gobierno logró el apoyo de las comunidades del PSOE, mientras que las del PP decidieron levantarse de la reunión sin votar la propuesta.

El Gobierno interpreta esta ausencia como una forma de abstención, pensando que las comunidades populares eventualmente acabarán solicitando la condonación si se aprueba, pese a sus críticas actuales hacia la iniciativa.

La metodología del planteamiento de condonación se divide en fases, comenzando con el análisis del endeudamiento entre 2009 y 2013, comparado con el periodo 2019 a 2023, lo que arroja un porcentaje medio de 19% de deuda condonada. Se han implementado ajustes para garantizar mayor equidad entre comunidades, especialmente aquellas que han ejercido capacidades normativas al alza en el IRPF.