SEVILLA, 6 de septiembre. En la sesión inaugural del Parlamento andaluz para este nuevo ciclo político, el Partido Popular Andaluz (PP-A) presentará una propuesta al Gobierno de España. Esta iniciativa busca que el Ejecutivo central gestione ante la Unión Europea la implementación de salvaguardias arancelarias específicas para sectores clave como el aceite de oliva, el vino, las frutas, las hortalizas y productos derivados de la ganadería extensiva. La propuesta se apoya en la reciente estrategia que establece un tratamiento legal diferenciando estos activos agrícolas.

Además, el PP-A solicitará al gobierno que se oponga al recorte de la Política Agraria Común (PAC) planteado para el periodo 2028-2034, insistiendo en la necesidad de preservar una asignación presupuestaria dedicada exclusivamente a la política agraria dentro del marco financiero plurianual europeo.

Entre las exigencias del partido también se encuentra la solicitud de mantener la PAC como una política común autónoma, estructurada en dos pilares: ayudas directas y desarrollo rural. En este sentido, se argumenta que el segundo pilar deberá ser diseñado por las comunidades autónomas, que son las que mejor conocen las necesidades del sector agroalimentario, evitando su mezcla con fondos multisectoriales o de cohesión.

Por otro lado, la propuesta incluye instar al Gobierno de España a exigir a la Unión Europea la inclusión de cláusulas de salvaguarda efectivas en cualquier acuerdo que se establezca con terceros bloques, a fin de protegerse contra prácticas desleales que puedan afectar a la producción local.

El documento también pide que se destinen recursos presupuestarios de manera diferenciada y finalista para fomentar la modernización productiva, el uso eficiente del agua, la digitalización y la adopción de energías renovables en las explotaciones agrícolas, aprovechando la flexibilidad que ofrece el Plan Estratégico español.

Finalmente, el PP-A enfatizará en la necesidad de reconocer la PAC como un elemento fundamental para la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica de la Unión Europea, abogando por su adecuada representación dentro del marco financiero plurianual y su función anticíclica.

Asimismo, se solicitará al Ejecutivo nacional que impulse en la UE una robusta política del agua que contemple la provisión de importantes fondos europeos para construir infraestructuras hidráulicas, con el fin de abordar problemas críticos como la escasez de agua y asegurar el desarrollo sostenible de las regiones afectadas.