Crónica Andalucía.

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Fiscal pide siete años de cárcel para ex líderes de UGT-A por fraude en subvenciones

Fiscal pide siete años de cárcel para ex líderes de UGT-A por fraude en subvenciones

La Fiscalía Anticorrupción ha reafirmado su solicitud de siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros para cada uno de los cinco ex altos cargos de la UGT Andalucía que están siendo juzgados por un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Los acusados son Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín, Dolores Sánchez y Enrique Goicoechea, quienes se enfrentan a la petición de condena anteriormente mencionada. Además, se les solicita el pago de una indemnización conjunta de 40,7 millones de euros a la Junta de Andalucía, así como un pago adicional de 4,2 millones de euros a la responsable del departamento de Compras.

El fiscal también ha mantenido su solicitud de tres años de prisión y multas para los empresarios que suministraban a UGT-A, con montos de indemnización que van desde 638 euros hasta un millón de euros. Sin embargo, se retiró la acusación contra Moisés Morillo y su entidad Viajes Macarena.

En el juicio, el fiscal Fernando Soto afirmó que el sindicato instigaba a sus proveedores a falsificar facturas para engañar a la Junta, estableciendo un sistema de fraude con el que se beneficiaban económicamente.

Se acusa a los ex altos cargos de UGT-A de haber colaborado con proveedores para crear facturas falsas relacionadas con cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, generando así un excedente financiero que se utilizaba para gastos no autorizados por las ayudas.

Según el juez instructor, el total de dinero defraudado asciende a más de 40 millones de euros, resultado de la diferencia entre la cantidad en las facturas y el costo real de los productos o servicios contratados.

Testimonios en el juicio han confirmado que UGT-A tenía un sistema de facturación fraudulenta para obtener fondos extras, que luego se destinaban a gastos no relacionados con las subvenciones. Este esquema era administrado por los acusados Fresneda y Charpín, según los empleados implicados.

Uno de los acusados, Francisco Fernández Sevilla, explicó que el dinero obtenido a través de prácticas cuestionables era parte del funcionamiento interno de la organización, utilizado para mantener relaciones con proveedores y equilibrar cuentas.

Se señaló que las filtraciones de información sensible a los medios de comunicación habían creado una narrativa negativa contra UGT-A, alegando que el Gobierno andaluz, en aquel momento liderado por el PSOE, había aprobado previamente las justificaciones de gastos del sindicato antes de la polémica.